El TSJA ha vuelto a reactivar por la vía indirecta la polémica en torno al servicio de multas de tráfico que implica a los operarios de las grúas, que ya en su día aglutinó las protestas de organizaciones policiales y trabajadores. El alto tribunal andaluz, en una sentencia no firme, ha anulado la norma que habilita en Sevilla a los gruistas como informadores y reporteros gráficos de las infracciones, lo que, según los sindicatos, supone un espaldarazo a las reivindicaciones de Málaga. Entre otras cosas, porque, insisten, el sistema utilizado en la capital de Andalucía es similar al del Ayuntamiento: los gruistas envían los datos y la foto de la irregularidad por vía telemática y los policías, desde el centro de emergencias, deciden sobre la posible retirada del coche.

La gran novedad del sistema, y a la vez su punto más problemático, es que ya no se precisa la presencia física de un agente para ordenar la inmovilización o el traslado del automóvil. Un extremo que, en este caso, ha cuestionado el tribunal al considerar que los empleados de las grúas «no tienen el deber de formular denuncias con carácter obligatorio». Es precisamente este verbo, «deber», utilizado en la redacción de la ordenanza de Sevilla, al que se agarra el concejal de Movilidad, Raúl López, para explicar las diferencias con Málaga. «Son normas y sistemas distintos. En su caso se dice que ‘deben’ poner en conocimiento de la policía las infracciones y en el nuestro que ‘podrán’ hacerlo», precisa. A la pregunta de si eso significa que el papel de denunciante que la norma confiere a los gruistas es de ejercicio voluntario, el edil vuelve a apelar al texto, en el que ya se amparó el TSJA para rechazar una denuncia semejante presentada en 2010 desde Málaga.

Manuel Lima, presidente del comité de empresa de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa), alude a una especie de ambivalencia legal. La norma de Málaga, de un lado, no reconoce la nueva labor que prestan los gruistas, que a nivel legislativo denuncian con el mismo respaldo que cualquier ciudadano sin autoridad, y del otro, les exhorta, en la práctica, a detectar e informar de la infracción. Para aclarar este último punto Lima aporta un dato: del total de las 15.000 retiradas llevadas a cabo en 2012, el 85 por ciento fueron a instancias de las denuncias de los gruistas. «En principo nos dijeron que la labor era sólo en los puntos muertos de actividad policial pero hemos asumido casi todo el trabajo», precisa.

Según Lima, desde que se instaló el sistema se han abierto 17 expedientes disciplinarios a operarios que se negaron a usar el sistema de comunicación de infracciones. Ninguna de ellas ha prosperado, aunque según los trabajadores acreditan el peso de una función que, en el caso de que no se retracte, «debería ser reconocida». Y no tanto en términos de salario como de rango. Los gruistas quieren que se les confiera el estatus de autoridad municipal, una figura ya incorporada al servicio en ciudades como Barcelona. Especialmente para evitar la ira de los conductores, que en muchos casos no entienden la obstinación de los empleados y mucho menos de su cámara.

Javier Puertas, portavoz del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN), cree que la sentencia del TSJA debe llevar a la reflexión al Ayuntamiento. En este sentido, pide al Consistorio «que rectifique» y deje de delegar una función que considera estrictamente policial. «La denuncia debe ser voluntaria, pero no obligatoria ni se puede cobrar por denunciar», reseña.

El concejal Raúl López insiste en que el modelo no resta protagonismo a los agentes, «que siguen siendo los que resuelven y deciden». Además, destaca su legalidad, avalada por varias sentencias, y su eficacia, que presume el uso de las nuevas tecnologías y libera a la policía para otras competencias.