­El pleno del Ayuntamiento de Málaga, gracias a la mayoría absoluta del PP, rechazó ayer la aplicación del informe de inundabilidad de la Junta de Andalucía en la zona del Guadalhorce, alegando que «pone en peligro a unas 5.000 empresas de los polígonos» por las medidas correctoras que exige, cuando «según aseguró el alcalde, «simplemente con la ampliación del puente que cruza el río sobre la antigua N-340 sería suficiente, ya que así habrá bastante menos riesgo de inundabilidad».

Para el alcalde de Málaga resulta de «una frivolidad inmensa» que el Gobierno andaluz «saque a pasear» un estudio que «no ha sido terminado ni aprobado ni consensuado» y que, sin embargo, sí ha creado «alarma» entre el sector empresarial.

Pero sobre todo, criticó que no se acometa la ampliación del puente, que «es una cuestión pequeña», pero sí contemple «paralizar la economía y la creación de empleo». Eso, dijo, refleja «la falta de cariño hacia la ciudad» que tiene la Administración andaluza.

La propuesta contó, por contra, con el rechazo manifiesto del PSOE, tal como explicó el concejal Sergio Brenes, quien acusó al equipo de gobierno de «querer crear una alarma innecesaria» y recordó que el estudio de inundabilidad responde a una directiva europea de 2007 «que obliga a que se conozcan las zonas de inundación».

Asimismo, Brenes advirtió al Partido Popular de que «por encima de sus intereses están los de los ciudadanos y sus bienes», por ello, «hay que construir, pero con garantías para las personas, para aquellos que nos pagan el sueldo».

El PP contó con el apoyo del grupo de IU. Su portavoz, Eduardo Zorrilla, coincidió en las críticas del PP, afirmando que «este estudio no está sustentado de forma rigurosa en la realidad existente, sino que está sobredimensionado, mal planteado y no se han tenido en cuenta las posibles medidas correctoras como solución a los problemas de inundabilidad».

Durante el pleno intervino la Asociación de Polígonos Industriales de Málaga (Apoma), mostrando su preocupación ante este informe, cuyas conclusiones perjudican al 70 por ciento del suelo industrial de la capital. Además, alertaron de que sus bienes se han visto devaluados en un 50 por ciento.

De forma más precisa, la concejala de Comercio y Polígonos, Ana Navarro, señaló que la afección del estudio sobre inundabilidad alcanza a más 700.000 metros cuadrados donde hay instaladas en torno a 5.000 empresas que dan empleo a más de 31.000 trabajadores.

Por ello la moción aprobada, además de reclamar que se paralice su ejecución del estudio, contempla reclamar a la Junta que adopte nuevos criterios que conduzcan a conclusiones «más racionales» y que dé al Ayuntamiento la oportunidad de participar de forma activa.

También que las obras necesarias para la prevención de inundaciones se ejecuten con cargo a la Junta, y, tras aceptar el PP una enmienda de IU, que para ello cuente con la colaboración del Consistorio y del Gobierno central, contemplando, incluso, la incorporación de fondos europeos.

Reclama también a la Junta que tenga en cuenta las obras que ya estaban previstas, planificadas y proyectadas, como el encauzamiento del río Campanillas, la prolongación hacia el norte de los trabajos para encauzar el Guadalhorce o la ampliación del puente de la a N-340.