La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades cometidas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, confirmó ayer la prisión comunicada y sin fianza del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. La magistrada entiende que si lo dejara en libertad podría darse a la fuga y, de esta manera, «beneficiar a otros personajes de esta gran trama» por los que todavía no ha sido interrogado.
En un auto, Alaya considera que el testimonio de Guerrero es fundamental para la incriminación de otras personas con las que éste ha mantenido estrecha relación, sobre todo «teniendo en cuenta que a la primera declaración judicial le podrían seguir varias, en las que será interrogado por otras ayudas y por otros personajes de esta gran trama».
