En medio de la tormenta por las dudas sobre la solvencia de España, el propio Gobierno central sigue alimentando las críticas a los números de Andalucía. La delegada del Gobierno en la comunidad, Carmen Crespo, reclamó ayer al presidente de la Junta en funciones, José Antonio Griñán, que concrete antes del debate de investidura cómo piensa ajustar los presupuestos de la Junta a la realidad económica del país y que explique también a los andaluces en qué consistirá el recorte de 2.600 millones que anunció que llevará a cabo en las cuentas para el presente 2012.
En declaraciones a Europa Press, Crespo aseguró que los presupuestos andaluces eran «papel mojado» desde antes de aprobarse «porque se hicieron sobre unas previsiones de crecimiento irreales, lo que les obligará a hacer un ajuste aún más duro que al resto de las comunidades autónomas».
Tras lamentar que la Junta solo hable del tijeretazo que está realizando el Gobierno de la nación y no explique en qué van a consistir sus recortes, Crespo consideró que «no se puede estar todo el día hablando de los ajustes que hacen los demás, cuando tú ocultas los tuyos e intentas engañar a la ciudadanía».
Para la delegada del Gobierno, «en estos momentos complicados, en los que todos nos tenemos que apretar el cinturón, lo que debe hacer el Gobierno andaluz es mostrar unas cuentas claras y un plan de viabilidad creíble, como le ha pedido el Gobierno de la nación». Finalmente, Crespo insistió en que los recortes del Gobierno andaluz en los últimos años se han ejercido vía presupuestos, «ya que son más de 7.000 los millones los que la Junta ha dejado de ejecutar».
El Ejecutivo central ha arremetido en reiteradas ocasiones contra la Junta por no presentar un plan de ajustes «real». El Gobierno andaluz asegura que enviará a Madrid un documento antes de que acabe el plazo para acogerse al plan de pago a proveedores, que expira el día 30. Hacienda alega, no obstante, que la situación de Andalucía es anómala, porque un Gobierno en funciones no tiene potestad para ello.
