El anuncio de la decisión del presidente andaluz, José Antonio Griñán, de no volver a ser candidato eclipsó el debate sobre el estado de la comunidad. No obstante, durante la jornada se habló de numerosos asuntos en el Parlamento, algunos de ellos de especial relevancia.
Hasta la Cámara andaluza llegó la polémica por las declaraciones del ministro de Cultura, José Ignacio Wert, acerca de la posibilidad de que no puedan optar a beca aquellos alumnos que obtengan una nota media inferior al 6,5. En este sentido, Griñán anunció que la Junta garantizará una beca de 1.500 euros a los estudiantes que sean acreedores de ella por su renta familiar, con solo el aprobado, en caso de que no la obtengan por nota en la convocatoria general.
El mandatario dijo durante su intervención en el debate que el Gobierno andaluz estará pendiente de lo que finalmente decida el Ejecutivo central, y aseguró que para acceder a la beca compensatoria no debe haber más exigencia que la nota con la que se aprueban los estudios.
La ayuda de 1.500 euros sería para estudiantes de Bachiller, de ciclo formativo y de Educación Especial, según Griñán, quien consideró que «a veces un seis tiene más valor que un ocho» porque «no en todos los hogares se tienen las mismas cosas».
El presidente tachó de injusticia que un alumno con medios económicos pueda seguir estudiando con solo sacar un cinco de nota, y un alumno con necesidades económicas no pueda hacerlo con la misma nota, en alusión a la pretensión del Ministerio de Educación de situar en un 6,5 la nota mínima para acceder a las becas.
Según Griñán, hasta el propio PP se ha dado cuenta de que es un «sinsentido» y dijo que Wert «podría perpetrar una de las injusticias mayores que jamás se ha cometido en democracia».
«La educación es la inversión más rentable, e impulsa modernización económica», señaló al recordar los 2.000 grupos de investigación, 18.000 profesores y 240.000 alumnos de las diez universidades públicas andaluzas.
Griñán dijo que la educación es «la gran palanca de cambio» a nivel individual y social y genera «ciudadanos críticos y comprometidos», al tiempo que añadió que el Gobierno andaluz tratará de impedir que regresen «las antiguas barreras que alejaron a miles de andaluces de los estudios».
El presidente, por otra parte, también reprochó al Gobierno central su intento de intentar «abortar» el decreto ley andaluz de función social de la vivienda, tratando incluso de implicar a la Comisión Europea. Sin embargo, agregó, después de muchas «peripecias y bastantes mentiras de culto», sólo ha conseguido una contestación de un órgano de la Comisión Europea, ni siquiera de un comisario, en la que le expone que no está en sus competencias esta cuestión.
Está claro, consideró Griñán, que la norma andaluza, «que se está impugnando permanentemente», no afecta a la distribución de las competencias entre la Unión Europea y los estados miembros ni a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, mientras que tampoco es contraria a la legislación de la comunidad europea.
El presidente abrió su intervención en el debate sobre el estado de la comunidad defendiendo que «tan importante como crear empleo es recuperar el crédito de la política y de las instituciones» que, a su juicio, debe ser «una fuerza capaz de transformar la convivencia» para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Griñán admitió que Andalucía afronta este debate en circunstancias que no son alentadoras, ya que la comunidad vive su quinto año «de una crisis generalizada» que está provocando que «los ciudadanos estén dejando de confiar en la economía de mercado y en las democracias representativas».
Por último, anunció que va a seguir poniendo en marcha planes de choque de empleo mientras la realidad del mercado de trabajo siga como hasta ahora. De esta forma, para 2014 se ampliarán 200 millones destinados a un nuevo plan de choque o de solidaridad con los desempleados con menores recursos o mayores necesidades.
