El portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, acusó ayer a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, de «cerrar debates» que aún están abiertos en el seno del Gobierno andaluz ante la elaboración de los presupuestos de la Junta para 2014 como, por ejemplo, el de la «grasa política» en la administración autonómica, donde su partido cree que sigue habiendo margen para ahorrar.

En una rueda de prensa en el Parlamento, Castro admitió que IULV-CA está «molesta y sorprendida» por las declaraciones realizadas el martes por la consejera tras el Consejo de Gobierno y le recordó no sólo que en Andalucía «hay un Gobierno de coalición formado por dos partidos» sino que, además, algunos dirigentes «están donde están» porque su formación así lo ha querido. En este punto, y visiblemente contrariado, Castro hizo este llamamiento a los miembros del PSOE-A en el Consejo de Gobierno: «Ya está bien. La consejera Montero es la responsable de elaborar los presupuestos pero no los decide políticamente», añadió.

Por ello, tras rechazar su «incontinencia verbal», la acusó de romper el acuerdo alcanzado con IULV-CA de no contar ninguna posible medida contemplada en los presupuestos hasta que no estuviera firmemente cerrada con su socio de Gobierno, e insistió en que en Andalucía «tienen que ser dos los que decidan» cómo gestionar las cuentas.

Castro consideró que valoraciones como las de Montero sobre los presupuestos «dando por sentado algunas cuestiones» como que no hay margen para reducir grasa política en la Administración o que no va a haber subida de impuestos «no son lo más positivo» porque, en su opinión, «las cuestiones mediáticas hay que dejarlas para más adelante».

Además, a la pregunta de si esto evidencia que existen diferencias entre PSOE-A e IULV-CA, Castro recalcó que él no ha hablado nunca de «diferencias» entre los socios de Gobierno sino «de una consejera que ya da por cerrados algunos acuerdos».

Castro también criticó que Montero afirmara el martes que no va a haber mayor presión fiscal en Andalucía porque, al entender de su grupo, sí que se pueden repartir mejor las cargas impositivas de acuerdo a un modelo de progresividad. Cuestionado sobre el hecho de que también la presidenta de la Junta, Susana Díaz, hablara en su discurso de investidura de no subir impuestos, el portavoz se limitó a decir que «está en su derecho de tener esa opinión» pero volvió a pedir que «no se exprese públicamente nada hasta que los acuerdos estén cerrados».

Dijo sobre los impuestos que no se trataría de elevárselos a «los que ya están machacados, que son la inmensa mayoría de los andaluces, sino a aquellos que no han contribuido». «Nosotros velamos por el interés general, no por los intereses de los dueños de Alcampo, Carrefour o El Corte Inglés», dijo.

Tras dejar claro, por tanto, que no comparte con Montero eso de que «ya no se puede reducir más grasa», apostó por volver a hacer lo que en la Empresa Pública de Suelos, donde un grupo de expertos en tres meses concluyó que «había 66 personas que no debían estar y que existía un directivo por cada tres empleados». «Hay que analizar consorcio a consorcio y empresa a empresa porque nos podemos encontrar alguna sorpresa», añadió.

Mientras, el PP-A reclamó al Gobierno andaluz que adelgace la administración en vez de volver a «machacar a los funcionarios». Y es que, a juicio del portavoz en materia de Agricultura del PP-A, Miguel Ángel Arauz, sigue habiendo «mucha grasa» en la administración autonómica, como asesores y cargos nombrados a dedo.