16 de junio de 2015
16.06.2015
Tribunales

El Supremo investiga cuántas personas se beneficiaron con fraudes de los ERE

16.06.2015 | 13:54

El juez del caso ERE en el Tribunal Supremo ha enviado al Juzgado 6 de Sevilla, donde se investiga la pieza central de este sumario, un escrito preguntando cuántas personas se beneficiaron de manera fraudulenta de estas ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010.

    En una providencia dictada hoy el instructor del Caso en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, pide al juzgado sevillano que cuantifique el número de "intrusos" que habrían percibido ilegalmente las citadas ayudas.

    La providencia del juez del caso en el Supremo solicita a la titular del juzgado número 6 de Sevilla que, "a la mayor brevedad posible, se sirva informar a este instructor del número de personas que fueron incluidas como 'intrusos' en las diligencias previas".

    La investigación seguida en el Juzgado 6 de Sevilla, del que era titular la juez Mercedes Alaya y que tiene en la actualidad a una nueva juez, María Núñez Bolaños, dio lugar a una pieza separada, por afectar a personas aforadas, que se instruye en el Supremo, y que implica a los expresidentes de la Junta Manuel Chávez y José Antonio Griñán, entre otros.

    Barreiro ha recibido ya, por otro lado, la documentación solicitada por las defensas: cuarenta cajas con miles de folios que el abogado de Griñán considera decisivas para demostrar cómo el Parlamento Andaluz disponía de todos los datos cuando aprobó las ayudas sociolaborales.

    Los letrados defensores consideran fundamentales estos documentos, que no habían sido enviados por Alaya al instructor del caso en el Supremo, así como otros que también ha recibido en los últimos días el alto tribunal, como el informe de la jefa de la Cámara de cuentas andaluza.

    Esta documentación demuestra, a juicio de los abogados, que el ejecutivo autonómico no engañó al Parlamento andaluz sobre la financiación de estas ayudas sociales, tal y como defienden los peritos de la Inspección General de la Administración del Estado

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