El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Decreto Ley de Medidas Relativas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que rebaja la carga tributaria de las herencias, "reforzando su progresividad y equidad, con el fin de favorecer a las rentas medias y trabajadoras de la comunidad autónoma". La reforma amplía las deducciones por la herencia de vivienda habitual, lleva al 99 por ciento las reducciones en las explotaciones agrarias y tendrá un impacto económico de 125 millones de euros.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que ha señalado que la norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que este decreto nace en virtud del acuerdo firmado el 17 de junio entre el PSOE-A y Ciudadanos para reformar el referido impuesto.

De esta manera, el decreto, que supone la primera fase de la reforma del impuesto, contempla la ampliación de las deducciones por la herencia de vivienda habitual y establece una reducción automática del 99% en herencias o donaciones de explotaciones agrarias. La segunda fase de la reforma se tramitará en la Ley del Presupuesto de Andalucía para que entre en vigor el 1 de enero de 2017 y corregirá el error de salto que actualmente afecta al tributo y mejorará la ponderación de las deducciones y los requisitos de acceso a las bonificaciones, de manera que aumentará el mínimo exento de tributación para las herencias recibidas por parientes directos, que pasará de 175.000 euros a 250.000 euros.

Montero ha explicado que este decreto ley tendrá un impacto económico de 125 millones de euros, de los que la parte correspondiente a ampliación de deducción por vivienda habitual serán 16 millones y la correspondiente a explotaciones agrarias será de 5,8 millones. El número de beneficiarios, como ha añadido, siendo 5.500 las personas que pagan el impuesto, será de 3.100 personas, un 56,5 por ciento del total de contribuyentes. Unas 1.000 personas se beneficiarán de la mejora en vivienda, unas 400 en explotaciones agrarias, y los beneficiarios del mínimo exento, que entra en vigor el 1 de enero, serán unas 1.700 personas.