Las cinco principales organizaciones ecologistas de España -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF- urgieron ayer a la Junta de Andalucía a que revoque la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) para que no se repita la catástrofe sufrida hace veinte años.
Los máximos dirigentes de estas organizaciones exigieron ayer en rueda de prensa una revisión de oficio de esta adjudicación a la multinacional Grupo México, calificada de «claramente irregular» por Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, que se investiga por la vía penal y que supone una «espada de Damocles» para Doñana, según el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.
Segura y otros dirigentes ecologistas denunciaron que esta adjudicación se ha realizado mediante una red de empresas interpuestas, lo que dificultaría la exigencia de responsabilidades al Grupo México, con total opacidad, y sin que ni siquiera se haya debatido en el Consejo de Participación de Doñana, como es legalmente preceptivo.
Segura e Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción Sevilla, denunciaron que la reapertura de esta mina, que en abril de 1988 causó el mayor desastre ambiental minero de España, se ha acordado antes de conocerse el estudio de impacto ambiental, la autorización ambiental y el plan de restauración.
Alertaron de que la Grupo México pretende extraer catorce hectómetros cúbicos de lodos contaminados de la corta de Los Frailes, donde quiere extraer el mineral, y verterlos al río Guadiamar, un volumen muy superior a los seis hectómetros cúbicos que causaron el desastre ambiental de 1998 y cuya depuración se desconoce.
La Junta, por su parte, defendió el avance que se está produciendo en la consolidación de la industria minera en Aznalcóllar y subrayó que la reapertura de la mina puede suponer una inversión de más de 350 millones de euros y la creación de más de mil empleos.
