30 de septiembre de 2019
30.09.2019
Educación

Más del 80% de las profesoras andaluzas han sufrido algún tipo de agresión en las aulas

Uno de cada diez docentes masculinos reconoce saber de alguna compañera agredida - La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía asegura que la Consejería de Educación "dificulta el acceso a registros oficiales" sobre estas agresiones

30.09.2019 | 05:00
Una profesora de la ESO impartiendo su clase.

Una futura ley del profesorado para reforzar su autoridad

  • Según los datos más recientes publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, correspondientes al curso 2016-2017, la plantilla de docentes en la comunidad asciende a un total de 31.183 profesores y 25.953 profesoras. Desde el pasado mes de mayo, todos estos profesionales responsable de la educación en los centros andaluces, están más cerca de que su autoridad tenga rango de ley, ya que ya se encuentra sobre la mesa de la Consejería de Educación y Deporte el anteproyecto normativo de la Ley del Reconocimiento de Autoridad del profesorado. Esta tiene como objeto reconocer su «autoridad pública» y destacar su figura como pilar fundamental del sistema educativo, al mismo tiempo garantizará el «fomento de la consideración y el respeto que le son debidos». Todo ello, acompañado entre otras cosas, por una presunción de veracidad y una asistencia jurídica, psicológica y responsabilidad civil. En ella, también se hace referencia al centro educativo, como una institución esencial donde es necesario que «cuenten para su buen funcionamiento con normas de convivencia y el profesorado disponga de medios para velar por su cumplimiento». Sindicatos como CCOO valoran que se reconozca la autoridad del profesorado y tal y como afirma, Félix Martín, secretario general de Enseñanza de CCOO Málaga, «el hecho de tener esta consideración, implica que las condenas por agredir a un profesor, han pasado de ser una simple indemnización económica o expulsión del agresor a tener como mínimo pena de cárcel». El inconveniente que destaca la organización del anteproyecto, es que este «obvia que el origen de todos estos problemas son las condiciones en las que se trabaja en las aulas». «Los docentes trabajamos con muchos alumnos por aula, por lo que es necesario reducir la ratio para ofrecerles una atención más personalizada, al mismo tiempo que se aumente la interacción con las familia», explica.

«Durante varios años le tuve pánico a los grupos de 1º de ESO y delante de la clase me quedo sin voz, paralizada» o «me da miedo entrar en el aula pensando qué pasará hoy», son algunas de las declaraciones de profesoras andaluzas que han sido víctimas de alguna agresión por parte de sus alumnos. Así están reflejadas en el último informe realizado por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), donde sitúa a las docentes como las grandes víctimas de las agresiones en los centros escolares andaluces.

El estudio elaborado mediante una muestra compuesta por 926 profesionales (hombres y mujeres) de la enseñanza secundaria en activo dentro de la comunidad andaluza, ha permitido reflejar la manifestación de la violencia de género dentro de las aulas. Un resultado confirmado de que el 84% por ciento de ellas ha experimentado algún tipo de agresión. De estas, un 19 por ciento ha llegado a sufrir de forma simultánea agresiones físicas y verbales. Además entre las profesoras encuestadas, un 76 por ciento de ellas tienen constancia de que alguna compañera ha sufrido estos ataques tanto por parte de padres como de los propios alumnos.

Entre los docentes masculinos, 9 de cada 10 encuestados reconoce que sabe de alguna compañera agredida; destacando que en un 14% de los casos, los agresores fueron padres o madres y un 5% alumnas, lo que pone de manifiesto que el fenómeno de la violencia contra las profesoras «no es exclusivamente masculino, ya que alumnas o madres también les han ocasionado agresiones físicas y verbales».

Muchos de los insultos utilizados por los agresores contienen una alta carga de violencia sexual, así como menosprecio o alusiones personales. Según el estudio, estas van muy a menudo acompañados de amenazas, algunas de muerte como por ejemplo, «voy a ir a por ti», «sé dónde vives», «sé cuál es tu coche», etcétera. Todo ello acompañado en ocasiones de agresiones físicas como empujones, bofetadas u objetos arrojados.

En el informe se afirma que se trata de una proporción «descomunal» que convierte a esta modalidad de violencia de género en algo intrínseco al ejercicio de la profesión del docente en Andalucía y no una «anomalía localizada» en la actividad de la función pública. Aunque no existen datos o registros oficiales de los casos de agresiones a docentes, la organización asegura que la Consejería de Educación «se guarda mucho de publicar los datos que obran en su poder, por lo que se dificulta el acceso a registros oficiales».

«Lo que hemos visto es que la mayoría de los casos, cuando hay agresiones a docentes se intentan ocultar. No hay ninguna estadística oficial, a pesar de que ellos sí llevan un registro y eso, lo dice todo», destaca Javier Puerto, presidente de APIA. En el día a día de cualquier profesional que trabaja en la educación, este «es consciente de que existe ese malestar y esa violencia en las aulas. Desgraciadamente, las compañeras son las que más lo sufren y nos damos cuenta que después de tantos años de discurso igualitario, los alumnos no lo han asumido y es muy lamentable», explica Puerto.

Sobre las agresiones a docentes, lo usual es que la persona agredida informe a su directiva para que ésta tome «cartas en el asunto». Si la respuesta no es satisfactoria lo que según Puerto es «desgraciadamente bastante usual» o se intenta minimizar e incluso dejar pasar impunemente el incidente, APIA invita a la persona agredida para que «exija formalmente» a su directiva que tome contra los agresores las medidas dispuestas en las normas de convivencia vigentes, «sin menoscabo de que, si lo cree conveniente, también ponga una denuncia ante las autoridades».

Frente a esto, es interesante señalar que la Consejería de Educación pone a disposición de los agredidos asistencia jurídica gratuita.

Si a pesar de todo la dirección del centro o las autoridades educativas de la delegación provincial no ofrecen una respuesta satisfactoria, los servicios jurídicos de APIA pueden intervenir de la manera que sea precisa, incluyendo la denuncia pública de los hechos ante los medios de comunicación.

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