Andalucía ha reclamado al Gobierno de España una ley de ámbito estatal para la erradicación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual durante la reunión quincenal que el Ministerio de Igualdad viene manteniendo con las comunidades autónomas desde el comienzo de la crisis sanitaria causada por el Covid-19. En dicho encuentro, que se desarrolló por videoconferencia, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández, demandó al departamento que dirige Irene Montero «una acción integral y coordinada desde el Gobierno de la Nación contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual que incluya una ley para su erradicación».

Según una nota de prensa, uno de los puntos que se trataron en la reunión de este viernes fue la carta enviada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, a las comunidades autónomas solicitando el cierre de los prostíbulos y lugares de alterne con motivo del coronavirus, ya que los contagios que se produzcan en estos locales pueden conllevar un aumento potencial de positivos de difícil rastreo. A este respecto, Fernández destacó que «tanto desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación como desde el Instituto Andaluz de la Mujer compartimos con la ministra la preocupación por las mujeres que son víctimas de trata en estos establecimientos; pero estamos ante una cuestión que va mucho más allá de esta pandemia, nos encontramos ante una grave violación de los derechos humanos de las mujeres y, por tanto, es necesario una actuación integral y coordinada entre las distintas administraciones, así como una legislación específica de ámbito nacional para su abordaje y erradicación».

Además, la directora del IAM ha solicitado a los ministerios de Igualdad y Sanidad un marco legal para el cierre de dichos establecimientos en estos momentos. «La consejera Rocío Ruiz ha remitido una carta a la ministra en la que recuerda que ni en España ni en Andalucía existen prostíbulos como tales, están prohibidos.Estos lugares están abiertos con una licencia de hotel, local de ocio nocturno o centro de masajes. No obstante, Andalucía está buscando la fórmula legal para poder llevar a cabo su clausura pero el Gobierno andaluz no tiene competencias para la persecución, cierre y detención de los responsables de delitos como la trata con fines de explotación sexual que se puedan estar cometiendo en esos establecimientos». En esta línea, Laura Fernández insistió en que «esta cuestión transciende la actual crisis sanitaria, hay que seguir avanzando en la lucha contra la trata de mujeres con fines sexuales y para eso son necesarias leyes y actuaciones de ámbito estatal que proteja a las víctimas, prevenga este tipo de situaciones y actué contra las mafias y aquellas personas que se beneficien de esta grave violación de derechos de mujeres y niñas».

Y avanzó que con esa premisa «el Instituto Andaluz de la Mujer está elaborando un ambicioso plan contra la explotación sexual de mujeres y que presentaremos en próximas semanas». Al mismo tiempo, recordó que Andalucía ya ha adaptado el Plan Covid del Ministerio de Igualdad contra la trata en tiempos del coronavirus, que incluye información y recursos para las víctimas.