La nueva Ley de Montes impulsará las masas forestales como sumideros de CO2

La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso de elaboración de una nueva Ley de Montes que cambiará el modelo forestal para aprovechar los montes como sumideros de CO2 y orientada a adaptar Andalucía al cambio climático, ha avanzado el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco.

El consejero ha inaugurado este miércoles la primera jornada de la Ley de Montes en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, en Sevilla, dentro de un proceso de participación para elaborar un nuevo texto normativo dado que el actual tiene más de treinta años, ha informado en un comunicado.

“Queremos que esta norma sea una guía para las nuevas políticas forestales para adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, para enfrentarnos a los grandes incendios forestales tratando de ponérselo difícil al fuego y teniendo en cuenta, además, la escasez de agua y el paulatino aumento de las temperaturas. Y también aprovechar los efectos positivos que tienen las masas forestales como sumideros de CO2”, ha explicado.

Andalucía reúne condiciones particulares, ya que la mitad de su territorio es superficie forestal con una gran variedad de ecosistemas que albergan una enorme biodiversidad, y la mayor parte de los montes andaluces, exactamente dos terceras partes, es de propiedad privada.

A pesar de eso, la superficie forestal andaluza es tan extensa que el patrimonio público alcanza casi 1,3 millones de hectáreas, extensión que suman los montes que son propiedad de la Junta, de los ayuntamientos o de otras entidades públicas, ha indicado.

Según el consejero, la única forma de mantener el medio natural es logrando que sea sostenible también desde el punto de vista social y económico y fijando la población al entorno rural de forma que los más jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida en el mismo.

La nueva Ley de Montes se fija los siguientes objetivos: asignar a los montes el valor y la posición estratégica que les corresponde; otorgar un mayor protagonismo a los montes andaluces de propiedad privada; consolidar el Catálogo de Montes Públicos en el instrumento de defensa del patrimonio forestal público andaluz; y convertir una norma sectorial autonómica en una ley de vocación universal y estratégica para el conjunto de España y de Europa.