Unas 1.500 casas irregulares de la Axarquía siguen en un «limbo jurídico» pese a la nueva Lista

Más de 1.500 familias axárquicas con viviendas en el campo siguen en un «auténtico limbo jurídico». El documento de más de 300 páginas que recoge la normativa autonómica recién aprobada por la Junta de Andalucía, bajo el nombre de Lista, no resuelve una situación contra la que luchan desde hace unos 12 años. En este tiempo, muchos de los afectados han batallado bajo el paraguas de la asociación de residentes Save Our Homes in Axarquía (SOHA), «pero sólo le hemos resuelto el problema a los que construyeron sin ninguna licencia en suelo no urbanizable».

Lo expresa el portavoz de dicho colectivo y exalcalde belga de Alcaucín, Mario Blancke: «Todas las administraciones que han intentado solventar el problema, tanto el anterior gobierno de la Junta como el actual, nunca han tenido en cuenta la situación que nosotros tenemos. Porque aquí se construyó con licencia de obra y disponemos de licencia de primera ocupación. Aquí no hubo errores, aquí se construyó así por sistema. Y es la administración pública la que tiene que resolver nuestra problemática, aunque parece que quieren que nos vayamos muriendo, por edad, y no logremos el propósito por el que nos unimos en su día».

La Junta somete a información pública el borrador del reglamento de la Lista

La asociación que encabeza dispone ahora de 15 días para estudiar y presentar alegaciones a la legislación recién aprobada. «Tenemos que sacar tiempo de donde no tenemos, porque no somos expertos y el texto es muy extenso», relata. Agrega que en la actualidad restan por regularizar unas 1.000 viviendas de Alcaucín, sobre el inventario que en su día se elaboró de unos 1.000 inmuebles que se encontraban fuera de ordenación, y que otras 500 restan por regular en la localidad vecina de La Viñuela.

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Blancke manifiesta que la peculiaridad de estos inmuebles radica en que son «viviendas con un estatus jurídico legal», porque existen licencias de obra y de primera ocupación para cada una de ellas. Sin embargo, cuando se piden determinados certificados municipales, pasan a aparecer como si no existiesen. Para este exregidor, el hecho de que para recibir esa certificación se obligue al propietario a tramitar un DAFO (la Declaración de Asimilado Fuera de Ordenación) «es un regalo envenenado». En este último caso hay que iniciar un expediente con una serie de plazos y el afectado hasta puede perder ciertos derechos sobre el inmueble.

«Lo ideal sería ir a los juzgados y plantear la enorme indefensión ante la que venimos luchando desde hace ya 12 años, con viviendas que en todos los casos llevan construidas al menos 15. Y en todo este tiempo insisto en que nuestros esfuerzos han solucionado los problemas de las personas que han construido sin permiso, que es lo más lamentable», agrega. Y a su vez especifica: «Esperábamos de la nueva administración autonómica al menos un gesto, algo tan simple como cumplir con la ley de 2015. Pero hasta el Consejo Consultivo, cuyas decisiones no son vinculantes, no nos dan ahora la razón en casos ante los que sí nos ayudaban con el anterior gobierno de la Junta».

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«Nos basta con que el Ejecutivo andaluz cambie la doctrina, no la ley, en relación a que se rebajen los límites sobre el derecho de revisión de la Administración, de 20 a 15 años. En esa situación, todas las viviendas que siguen en el limbo podrían salir de esta pesadilla. Y me pregunto, por qué la Junta, que tanto habla de despoblación, no la ataja mediante la mejora del urbanismo en los municipios del interior. Más allá de nuestra problemática, por qué no se permiten condiciones especiales para el hábitat rural. Nosotros ya les hicimos propuestas, aunque la Lista sí que incluye iniciativas positivas, como la de agilizar la aprobación de los PGOU», concluye.