La Junta abre expediente sancionador contra un chiringuito de Fuengirola

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador contra los propietarios del chiringuito Bikini Beach de Fuengirola, después de que la Federación Malagueña de Ecologistas en Acción denunciase el inicio de unas obras de reforma con un proyecto que incumple la actual normativa de Costas al superar los metros cuadrados construidos.

Los propietarios de Bikini Beach, situado en la playa de El Ejido, delante del Castillo Sohail, han iniciado unas obras para reformar por completo las instalaciones y evitar que se vean afectadas cada vez que hay un nuevo temporal. Sin embargo, la organización ecologista denunció que según el proyecto diseñado por el estudio alberroarquitectos, el nuevo chiringuito ocuparía 440 m² construidos y tendría un sótano construido en hormigón, lo que contradice la actual normativa de Costas.

La Junta de Andalucía anunció entonces que apercibía a los responsables del chiringuito y que iba a enviar a sus técnicos para comprobar las obras y su grado de ejecución. Ahora, la Administración autonómica ha anunciado la apertura de un expediente sancionador contra los propietarios del chiringuito por ocupar más superficie de la autorizada para acometer las obras.

No obstante, la Junta de Andalucía afirma que la licencia de obras de reforma del chiringuito Bikini Beach se ajusta a derecho ya que fue concedida antes de la modificación de la normativa de Costas en 2020, actualmente en vigor.

Fiscalía

La apertura del expediente sancionador se ha hecho público un día después de que la Federación Malagueña de Ecologistas en Acción haya advertido a la Fiscalía de Medio Ambiente de que la responsable de la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López Sanchís, podría estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) y pide que se sopese un posible delito de ordenación del territorio (artículo 320 del Código Penal) y el delito de abuso de autoridad (artículo 376 del Código Penal) frente a un bien jurídicamente protegido como el Dominio Público Marítimo-Terrestre, no solo por la concesión del Chiringuito Bikini de Fuengirola, sino también por muchos otros casos más.

La organización ecologista solicita que se compruebe la legalidad de las actuaciones que está acometiendo el chiringuito Bikini Beach y se actúe en consecuencia en el restablecimiento de la legalidad alterada. Asimismo, piden que se solicite a la Junta de Andalucía, a la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno de España, y al Ayuntamiento de Fuengirola, el expediente y todas las acciones de control de legalidad que han puesto en marcha para comprobar que la obra del chiringuito Bikini Beach cumple con la legislación vigente mencionada y determinar si se ha cumplido con el deber de inspección de las obras.

Asimismo, la organización medioambiental insta a que se solicite a la Demarcación de Costas todos los expedientes en los que las obras autorizadas por la Junta de Andalucía en el Dominio Público Marítimo-Terrestre hayan sido informadas negativamente por dicha Demarcación, con objeto de demostrar la continuidad de la comisión de un presunto delito de prevaricación por parte de la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático.