Legislación

Personalidades de la cultura y el derecho trabajan en pos de la Ley de Derechos Culturales de Andalucía

José Antonio Sedeño, Carlos Álvarez, Inmaculada Jabato, Juanma Lara, Antonio Morales, Nieves Rosales, Rafael Torán y José Antonio Sedeño forman parte de la la plataforma en defensa del Centro Andaluz de Creación Escénica Contemporánea Miguel Romero Esteo

La asociación cultural Miguel Romero Esteo ha creado el grupo de trabajo por los derechos culturales; un equipo constituido por personalidades de diferentes ámbitos de la cultura y del derecho y coordinado por José Antonio Sedeño, portavoz de la plataforma en defensa del Centro Andaluz de Creación Escénica Contemporánea Miguel Romero Esteo en el Convento de la Trinidad. El objetivo es hacer realidad la Ley de Derechos Culturales de Andalucía, tal y como ya se ha legislado en la comunidad de Navarra y se está legislando en la de Canarias, y en la misma dirección que ciudades como Bilbao o Barcelona han suscrito la Agenda 21 de la Cultura.

A fecha de hoy forman parte de este grupo el barítono Carlos Álvarez, la periodista Inmaculada Jabato, el actor Juanma Lara, el juez y fiscal Antonio Morales, la coreógrafa Nieves Rosales, los directores de escena Rafael Torán y José Antonio Sedeño y así como el director de la Fundación General de la Universidad de Málaga, Diego Vera

«Una Ley Andaluza de Derechos Culturales debería fomentar, facilitar y difundir la labor de los creadores andaluces. Hacer efectivo el derecho de todos los andaluces a participar de la vida cultural local, provincial y andaluza y a participar en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas culturales locales, provinciales y autonómicas», resumen desde ambas asociaciones. Algunos ejemplos de artículos de esa hipotética ley serían «el derecho a disfrutar de la cultura como bien común y elemento esencial de a la cohesión social y territorial, evitando las desigualdades territoriales en el acceso a la oferta cultural» o «el derecho a participar de la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas culturales, de manera libre, activa e informada, en los procesos importantes de adopción de decisiones».