La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados rechazó hoy la convocatoria de un pleno extraordinario que aborde la disolución del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) y la convocatoria posterior de elecciones, tal y como pidió el Grupo Parlamentario Popular, después de que saliese a la luz la denominada operación 'Astapa' sobre la trama de corrupción por la que están imputados el alcalde y varios concejales del municipio.
La diputada del PP Celia Villalobos pidió en el seno de la Diputación Permanente el apoyo de los grupos a la convocatoria de una sesión extraordinaria del pleno pero PSOE, BNG, CiU y PNV rechazaron adoptar esta medida y los tres primeros no descartaron pedir la disolución de la corporación si en un futuro fuera necesario. IU/ICV, que se abstuvo en la votación, quiso "dar una oportunidad" pero, según advirtió su portavoz en el Congreso, Gaspar Llamazares, "si esa oportunidad no se aprovecha", pedirá la disolución del Ayuntamiento.
Durante su intervención, Villalobos aseguró que la situación del Ayuntamiento es "escandalosa y difícil de controlar" y defendió que "se dan las circunstancias adecuadas para que el Gobierno tome cartas en el asunto" porque, además de las circunstancias que rodean la elección del nuevo alcalde --que se votará en un pleno el próximo jueves--, "el gobierno diario de la ciudad es insostenible".
Así, rechazó los argumentos del PSOE que considera que "no hay suficientes concejales imputados" para plantear la disolución y que mantiene que "hay suficientes mimbres dentro de la actual corporación para actuar respetando la ley y defendiendo intereses generales". "En el día a día va a suceder el problema de la falta de gobernabilidad", aventuró.
A su juicio, debe ser el pueblo de Estepona el que decida "qué gobierno quiere en el futuro" y el Gobierno central no debe esperar a que la alarma social sea "aún más insostenible" y las manifestaciones ya convocadas, "incontroladas".
Además, la 'popular' recordó que el fiscal ya ha visto "similitud" entre las características de la trama de corrupción de Estepona y la operación 'Malaya', de Marbella, afeó la posibilidad de que el Gobierno pueda estar esperando, "como hizo en Marbella", a que quede solamente un año para poner una gestora antes de disolver la corporación, y subrayó que los perjuicios de las inversiones extranjeras también pueden darse en esta localidad.
"Diferencias sustanciales" con 'Malaya'
Por su parte, el socialista Antonio Hernando vio "diferencias sustanciales" entre Marbella, con 19 de los 27 concejales imputados, y el caso de Estepona y, a pesar de reconocer que la situación es "muy grave", pidió "coherencia" en las reacciones ante este tipo de casos y rechazó la supuesta "ingobernabilidad" del consistorio en un futuro próximo.
Para Hernando, la disolución de la corporación es una medida "excepcional, extraordinaria, la última que hay que tomar, la cirugía cuando ya no se puede hacer nada más" y "si se diesen las circunstancias objetivas que se dieron en Marbella", defendió que el PSOE no se negará a que se adopte esa situación.
En este sentido, subrayó que al Gobierno central "no le ha temblado el pulso ni un minuto" cuando se ha dado la situación necesaria para acometer una disolución pero rechazó la posibilidad de que se pueda imponer una "pena ejemplarizante buscando el principio de prevención". "Es castigar a los que nada tienen que ver con esto", añadió.
"Si se diesen las circunstancias, la situación evolucionase y hubiera necesidad de proceder a la disolución con todos los requisitos y con informes previos, sería este Gobierno, este partido y la Junta la primera que procedería a solicitarlo", indicó el socialista.
Medida "prematura"
El representante del Grupo Mixto Francisco Jorquera (BNG) tampoco descartó que la medida apoyada por el PP pueda ser necesaria "en un futuro próximo" pero señaló que "a día de hoy, es prematura" al entender que mientras el Ayuntamiento "pueda funcionar y tomar decisiones no es necesario proceder a su disolución".
"Por desgracia son tantos los ayuntamientos donde hay casos de imputación de alcaldes y concejales que si procediésemos a la disolución de todos, estaría el Estado español lleno de comisiones gestoras", añadió.
En la misma línea, el diputado de EAJ-PNV Emilio Olabarría defendió que frente al caso de Marbella, con una corporación casi en pleno incriminada en casos de corrupción, en el de Estepona "todavía no hay condenados" y el resto de los concejales que no están imputados "pueden realizar labores de gestión de forma adecuada y normalizada".
"Una oportunidad" de IU
Por su parte, el portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, explicó que su abstención en la votación debe entenderse "sin perjuicio de que en los próximos días puedan ocurrir acontecimientos" que les lleven a adoptar una postura como la tomada en Marbella, primero "dar una oportunidad" y, si ésta "no se aprovecha", pedir la disolución.
Llamazares aprovechó su intervención para llamar la atención sobre la necesidad de llegar a un acuerdo que, "más allá del ámbito legislativo", permita crear "un código ético para actuar de forma homogénea ante casos similares".
Por último, el portavoz de CiU Jordi Jané también indicó que "en un futuro" su grupo podría valorar la petición de disolución pero no en el Congreso de los Diputados sino en el Senado, órgano en el que recae la responsabilidad de adoptar una posición previa al Real Decreto que debería aprobar el Consejo de Ministros en caso de que decidiese la disolución.
Además, Jané rechazó votar a favor de la iniciativa en la Comisión Permanente y posteriormente, en caso de que fuera llevada al pleno, en éste, sin un pronunciamiento previo del Gobierno de Andalucía.
