El sindicato CCOO informó ayer de que el juicio contra la secretaria general de Servicios de este sindicato en Málaga, Dolores Villalba, y el secretario de Política Institucional de la Federación Estatal de Servicios, Gonzalo Fuentes, se celebrará este próximo 10 de diciembre y aseguró que, a su juicio, se está asistiendo en los últimos tiempos a una «criminalización indecente y regresiva de la lucha obrera y la protesta social, a través de la reforma de la legislación del Código Penal». Los dos sindicalistas serán juzgados por un presunto delito de obstrucción de derecho al trabajo cometido durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012. La Fiscalía pide para cada uno de los acusados una pena de tres años y medio de cárcel, según recordó la propia CCOO. El juicio se iba a celebrar el pasado mes de septiembre, pero fue aplazado. En principio se habló de mayo de 2016 pero al final tendrá lugar este día 10.

Los hechos que se van a juzgar ocurrieron cuanto Villalba y Fuentes integraban un piquete informativo formado por unas 150 personas que recorría el Centro de Málaga durante aquella jornada de huelga. Al pasar por un determinado bar donde había una actuación de música en directo hablaron con el portero para informarle de los motivos de la huelga. El portavoz del local les dijo que el establecimiento cerraría una vez que acabara la actuación. Sin embargo, cuando el grupo ya se había alejado, recibieron el aviso de que uno de los integrantes del piquete había sido detenido por un altercado a la puerta del local. Fuentes y Villalba volvieron al lugar para tratar de aclarar los hechos y supieron por los agentes de la policía que habían sido denunciados por el portero.

El secretario general de CCOO de Málaga, Antonio Herrera, y el secretario general de la Federación de Servicios de Andalucía, Íñigo Vicente, manifestaron ayer su «solidaridad» con los encausados y recordaron que ambos cuentan con «décadas de implicación y trabajo en la defensa de los derechos de la gente y de la lucha por las libertades». CCOO dijo que tienen además el apoyo de la Unión Internacional de Sindicatos y de la Unión Internacional de Trabajadores del Turismo.

Por su parte, Lola Villalba manifestó que «el delito cometido es la participación en la huelga general del 14 de noviembre de 2012 contra una reforma laboral que tanto daño está haciendo a los trabajadores» y recordó que «la huelga es legal y lo que estábamos haciendo ese día era pedir a los trabajadores que se unieran a la huelga de una forma pacífica y legal». Gonzalo Fuentes añadió que, en su opinión, el Gobierno del PP quiere «amputar» la democracia y demandó a los partidos políticos, de cara a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, que se pronuncien sobre el artículo 315 del Código Penal, que establece el delito de coacciones a la huelga para controlar la acción de los piquetes.