Tras meses de negociación, el Gobierno tiene previsto aprobar hoy en Consejo de Ministros la llamada Ley Rider, una legislación que que regula el trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales. 

De ser así, las plataformas delivery, Glovo, Deliveroo o Uber Eats, tendrán hasta agosto para poner sus cuentas en orden. Un plazo máximo de 3 meses, tiempo suficiente según la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que los riders de estas plataformas pasen del modelo autónomo o TRADE a ser personal contratado.

Mientras se debate sobre ello, las organizaciones Repartidores Unidos y APRA han convocado manifestaciones para este martes en nueve ciudades españolas, Málaga entre ellas. 

En la provincia, la manifestación se ha iniciado en Plaza Babel y ha seguido un recorrido de hora y media por las calles de la ciudad, con el objetivo de exigir que no se convalide esta "Ley rider" mediante decreto de ley, y que siga la tramitación parlamentaria para que pueda ser sometida a debate social.

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Las imágenes de la protesta contra la nueva Ley Rider en Málaga Álex Zea

"No se nos toma en cuenta, esta ley que se está proponiendo nos va a perjudicar", afirma Harold Rosales, repartidor malagueño y portavoz de la convocatoria en Málaga. En concreto, los repartidores señalan que la aprobación de la 'Ley Rider' en el Consejo de Ministros supone "un paso más hacia el precipicio que supone dejar a más de 15.000 repartidores sin empleo".

De esta forma, ambas asociaciones han hecho un llamamiento a los diputados del Congreso de los Diputados para que vote en contra de esta norma. "Necesitamos su NO a la Ley Rider. Esta ley no puede ser un Decreto sin participación de nadie".

Los riders aseguran que esta nueva normativa limitaría el trabajo en plataforma a autónomos: "Esta ley es una protección entre comillas, las plataformas se verán obligadas a recortar la plantilla y tendremos un paro garantizado”, afirma el portavoz malagueño. Rosales alerta también de una posible proliferación de contratos precarios, ya que "los contratos serán de determinadas horas y posiblemente sigamos trabajando el doble".

Ante esta situación, los riders malagueños proponen una regulación del sector, que les permita seguir siendo autónomos; pero que "nos de derechos y garantías a la hora de negociar con estas plataformas", dicen. 

Ley Rider

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, CC.OO. y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme alcanzaron un acuerdo el pasado mes de marzo para regular la situación laboral de los trabajadores que reparten o distribuyen cualquier producto a través de plataformas digitales, conocidos como 'riders'. En el texto acordado se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Además, el acuerdo, que se circunscribe al colectivo de repartidores, contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, el texto dice que se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que las empresas deberán informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles. El texto del acuerdo señala que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).