El empresario sevillano y dueño del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra, ha pasado su primera noche en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre. La causa la lleva el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, pero su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza lo ordenó ayer la titular del número 5, que estaba de guardia, tras tomarle declaración. El máximo accionista del club blanquinegro está siendo investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al periódico La Crónica de Badajoz, del grupo Prensa Ibérica.

Parra es la única de las cinco personas detenidas en la operación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que ha sido enviado a prisión. En cuanto al resto, una de ellas no llegó a ser puesta a disposición judicial y las otras tres han quedado en libertad.

El empresario fue arrestado el pasado martes acusado de ser el principal responsable de una organización que presuntamente habría defraudado más de 13 millones de euros a la Hacienda Pública a través de la venta de gasolina en una red de estaciones de servicio de bajo coste. Su detención tuvo lugar en la localidad sevillana de Dos Hermanas en una operación desarrollada de forma simultánea en Badajoz, Málaga, Sevilla, Cádiz y Madrid.

En la capital pacense, se produjeron registros en las oficinas del Nuevo Vivero y en la sede de la empresa Extrem Petrol, en la plaza de España, vinculada al empresario, de las que los agentes se llevaron ordenadores y documentación. Además, se precintaron las gasolineras de bajo coste que tiene en la ciudad, Navalvillar de Pela y Navalmoral de la Mata.

El juez decretó el secreto de actuaciones y oficialmente no se han dado detalles de la operación, aunque ha trascendido a los medios que en el transcurso de la misma se han embargado 225 cuentas bancarias, 36 inmuebles, 49 coches de alta gama y dos yates.

Su abogado no se pronuncia

El diario La Crónica de Badajoz ha contactado con el abogado de Joaquín Parra, quien declinó hacer declaraciones sobre el caso alegando que las diligencias aún se encuentran bajo secreto. La detención del máximo accionista del Badajoz ha suscitado incertidumbre en el seno del club y los aficionados. El primero, que se desvinculó del caso desde el primer momento, ha tratado de continuar con su habitual actividad pese a lo sucedido, mientras que la segunda ha cerrado filas con el equipo a la espera de que se aclare la situación judicial de su presidente.

El Ayuntamiento de Badajoz ha avanzado que encargará un informe a sus servicios jurídicos para analizar si lo ocurrido podría tener implicaciones en el convenio de cesión del estadio al club, en el que ambas partes llevan trabajando meses. En diciembre del año pasado se firmó un convenio por el que se cedía el uso del Nuevo Vivero por 4 años, prorrogables un periodo similar, con el compromiso de que en dos años (en el 2022) estuviera lista una concesión administrativa por 75 años. El proyecto que anunció Parra entonces incluía la ampliación de aforo y la creación de zonas de restauración y locales comerciales, así como otras mejoras que permitieran celebrar en estas instalaciones actividades deportivas y extradeportivas con gran afluencia de público.