Manuel Hijano, el propietario de la vivienda colindante con la EBAR del Jaboneros y que pleitea contra este equipamiento desde su construcción en 2005, envió este viernes un comunicado en el que califica de «infraestructura proscrita por ley» y «en terreno okupado» estas instalaciones municipales emplazadas en una parcela del Ministerio de Transportes.

El escrito responde a las declaraciones de hoy del concejal de Urbanismo, Raúl López, en La Opinión, en las que subraya que la obra fue construida entre 1988 y 1992, con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Sur para levantarla en terrenos del antiguo vivero de Obras Públicas. Raúl López respondía así a la noticia de hoy de este diario de que la Comisión Europea estaba investigando si la EBAR se financió con fondos europeos de forma irregular.

Para este vecino, el concejal «falta a la verdad», en primer lugar porque el Ayuntamiento construyó en una parcela calificada como zona verde en los PGOU de 1983, 1997 y 2011, y en segundo lugar porque lo que se levantó fue «un casetón hueco y carente de todo tipo de conducciones».

Además, continúa el comunicado, el permiso de la Confederación Hidrográfica del Sur, de junio de 1991, detalla que se concedió «para la construcción de colectores por ambas márgenes del arroyo Jaboneros». «En ningún párrafo de este documento dice que tienen permiso para construir en zona verde y en terreno afecto a otro», señala.

A este respecto, el comunicado remarca que la EBAR se construyó en el periodo 2005-2006 y no antes, y se trató de una obra «sin licencia municipal de obras (miente con descaro quien niegue esta verdad), sin el preceptivo informe jurídico, sin memoria justificativa o cuantitativa del proyecto», por lo que califica el papel que tuvo la GMU de «digno de Pancho Villa. Todo está documentado o legislado y a disposición», precisa el escrito.

Por otra parte, recuerda que las estaciones de bombeo serán objeto de tramitación aparte, «tramitación aparte que nunca se llevó a cabo para no incurrir en prevaricación aquel que concediera licencia o permiso para construir en zona verde infraestructuras proscritas».

El comunicado también destaca que «las propiedades del gobierno son inalienables, imprescriptibles e inembargables y por este motivo el Ministerio de Transportes no cejará hasta conseguir ese terreno ‘okupado’ y el restablecimiento del orden jurídico perturbado».

Además, Manuel Hijano, considera «vergonzoso para el Consistorio de Málaga» el «empeñarse en mantener una infraestructura proscrita en ‘fuera de ordenación’», cuando está levantada en una parcela calificada como zona verde «antes, durante y después de su construcción, por lo que querer mantener esa EBAR en esa ubicación se considera fraude de ley al perseguir un resultado prohibido en el ordenamiento jurídico».

Manuel Hijano concluye el comunicado criticando al alcalde, Francisco de la Torre, por haber aceptado en 2009 la sugerencia del Defensor del Pueblo de trasladar de sitio la estación., «con el único propósito de archivar mi queja» y comunicarle esta decisión por carta al propio Hijano. «Me mintió personalmente (...), doce años después todo es una falacia», remarca.