Vivir en un bloque con okupas

Cuando Ángeles se quedó sin trabajo, pensó que el mejor ‘seguro laboral’ sería comprarse un piso juntando los ahorros de su marido, para transformarlo en piso turístico. Adquirido en 2019 y con una hipoteca a 30 años, tras el palo que supusieron los meses de confinamiento, ahora comprueba cómo aumentan las críticas de los usuarios, por los ruidos y la suciedad que hay en el bloque.

«Me llegan comentarios aconsejando no pasar mucho tiempo en el piso, cuando una fuente de negocio es el teletrabajo», lamenta.

Se trata de un edificio construido hace algo más de una década en la zona de Lagunillas -los propietarios consultados prefieren no dar la dirección exacta- con una particularidad: de las 20 viviendas, la mitad son de propietarios legales y la otra mitad, de okupas.

«Los promotores vendieron rápido los diez primeros pisos, estancaron la venta, vino la crisis y se los ‘comieron’», explica José Manuel Filpo, administrador del bloque, quien detalla que Unicaja Banco se quedó con estos pisos «y empezaron a pegarles patadas».

En la actualidad, informa, los pisos okupados pertenecen al fondo de inversión Propco, que continúa con el procedimiento iniciado por Unicaja, que ya llevó el asunto a los juzgados.

Con la luz y el agua enganchados, alguno de los inquilinos ilegales hasta llegó a pedirle una llave al administrador, «porque quería ponerle internet a su hijo».

Manu, de 34 años, es propietario de un piso en este bloque desde 2018, con una hipoteca a 20 años, «que pago religiosamente». El joven confiesa que le gustaría «que lo que pago de comunidad reluciera». En su lugar, el bloque luce sucio, con enseres variados en las zonas comunes y la terraza se ha convertido en un espacio para fiestas y barbacoas, lo que también provoca quejas.

Ángeles cuenta que en general no tienen problemas con los okupas, aunque a la última persona que entró le pidió que quitara un tendedero del descansillo común «y me dijo que si desaparecía que me preparara».

Con este panorama, el administrador explica que «lo que no hacemos es mejoras en el bloque porque nos duran dos días», y pone el ejemplo del intento de reposición de la puerta de los contadores de agua: «Estaba el muchacho poniendo la puerta y un vecino dijo que en cuanto él saliera la rompería. Al final no la pusimos, ¿para qué?», al tiempo que apunta que «Sevillana y Emasa dicen que para venir aquí tiene que ser con la policía».

Lo que sí han hecho los propietarios legales es contratar un sistema de alarmas de forma comunitaria y tenerlo previsto en los pisos hoy okupados, «para que el día en que estén vacíos no se produzca una ‘reokupación’», explica Ángeles.

El administrador resalta la situación de los dueños, que si no pagan su hipoteca «los desahucian», mientras que eso no está ocurriendo con los inquilinos ilegales. Para Ángeles, situaciones como la que padecen en este edificio de Lagunillas «se toleran y se fomentan por el Gobierno ante el asombro de los vecinos que pagan alquiler y de los propietarios que pagan la hipoteca».