El paro del transporte de mercancías podría incluir en Málaga a 5.000 trabajadores

La huelga del transporte de mercancías anunciada la semana pasada por el Comité Nacional de Transporte por Carretera y programada para los días 20, 21 y 22 de diciembre (o sea, justo antes de la Navidad) podría englobar a una flota de más de 9.100 vehículos tanto ligeros como pesados, según explicaron ayer a este periódico fuentes del sector. El número de empleados que se suele manejar en las últimas negociaciones sectoriales del convenio colectivo en la provincia es algo superior a los 5.000.

Al tratarse de una convocatoria patronal (es decir, un cese de actividad) serán las propias empresas las que decidirán cada una a lo largo de las próximas semanas si secundan o no la huelga.

El paro ha sido convocada por las asociaciones empresariales debido a los múltiples problemas que aquejan en los últimos tiempos al sector, agravados por el tremendo aumento de los precios del combustible (se habla de un incremento de coste cercano al 35% en el último año), algo que les hace sentirse, en palabras del Comité Nacional del Transporte por Carretera, en un estado de «abandono» por parte del Gobierno. «Sólo un cambio radical y urgente por parte del Gobierno y clientes podría evitar este conflicto», advirtieron hace unos días.

Hay que aclarar que la convocatoria de este cese de actividad durante los días previos a la Navidad se refiere únicamente a lo que se denomina servicio público de transporte. Se hace referencia así a las empresas que se dedican profesionalmente a esta actividad. Por contra, no hay paros convocados para el transporte privado de mercancías. De esta forma, una empresa que se dedica a cualquier otra rama económica y que tiene vehículos para servir a su propia clientela no está llamada a secundar el paro.

Reclamaciones del sector

Para la convocatoria de este cese de actividad, el Comité Nacional de Transporte por Carretera menciona demandas pendientes alrededor del paquete reivindicativo del 20 de febrero del 2020 como la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la no implantación de la euroviñeta (un sistema de peajes que busca calcular la tasa de pago de un vehículo de grandes dimensiones en función de la distancia que recorra o las emisiones contaminantes que produzca), la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible o la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales.

Los transportistas afirman que se han agotado «la paciencia del sector y los canales razonables de negociación», algo a lo que se une la «absoluta falta de sensibilidad» por parte de muchos de sus clientes» en la presente coyuntura económica.

«Se aprovechan de la posición de dominio que le concede la vigente regulación del contrato de transporte de mercancías por carretera, que está provocando incluso un enorme problema de falta de conductores profesionales, ante el trato degradante e inhumano en las condiciones en las que realizan su trabajo», denunció en su momento la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Las empresas reiteran la «grave situación económica» que atraviesan los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes) por el aumento del precio del gasóleo y reclaman al Gobierno la adopción inmediata de medidas para poder repercutir esas subidas en el carburante en las tarifas que cobran a sus clientes.