Estudiantes de Málaga, Córdoba y Sevilla se encierran en el Rectorado

Miembros del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga junto con el de Córdoba y el de la Pablo de Olavide pasaron la noche del jueves a ayer viernes en el salón de actos del Rectorado en señal de protesta por la aprobación de la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), que deberá continuar su tramitación en el senado, así como por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), conocida como «Ley Castells». Este acto contó, además, con el apoyo del Consejo de Estudiantes de Huelva.

Los universitarios iniciaron el encierro sobre las siete de la tarde del jueves, cuando el Consejo de Estudiantes de la UMA (CEUMA) tenía previsto celebrar una asamblea estudiantil después de una jornada marcada por el parón académico convocado a nivel estatal por el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) debido, según denunciaron, a «las deplorables propuestas que atacan los derechos y libertades de los estudiantes, especialmente en términos de mediación y sanción a la comunidad universitaria».

Los estudiantes señalaron que «si un profesor te acusa de copiar en un examen, aunque tengas pruebas de que no es cierto, la universidad no tendrá ninguna obligación de escucharte o tomar en cuenta tu declaración».

«Exigimos una democracia real y equitativa en la universidad donde los estudiantes tengamos el peso que merecemos», reclamaron desde CEUMA en un comunicado. Como estaba previsto, el encierro se desconvocó a las ocho de la mañana.

Universidad de Málaga

Por su parte, la Universidad de Málaga publicó ayer un comunicado en el que aseguró que «coincide» con la postura del Consejo de Estudiantes y ha trasladado su «descontento por las enmiendas incorporadas al proyecto de Ley de Convivencia Universitaria», ya que entiende que «modifican sustancialmente el espíritu de mediación y convivencia con el que partía dicha ley».

La comunidad universitaria sostuvo que el «carácter mediador» se sustituye por un «modelo exclusivamente sancionador» y anula el abordaje democrático de los problemas de convivencia. Se rompe, además con el consenso previo existente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).

«La Universidad de Málaga entiende que estas enmiendas deben ser modificadas o retiradas para que la ley [La LCU] se distancie verdaderamente del Régimen Sancionador de 1954 al que está todavía sujeto el Sistema Universitario Español».