Abogacía

El Colegio de Abogados aprueba sus presupuestos y manifiesta apoyo a Javier Lara

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, se dirige a los asistentes a la Junta General

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, se dirige a los asistentes a la Junta General / ICAMALAGA

EP

La junta general del Colegio de Abogados de Málaga ha aprobado los presupuestos para el año 2022, que han sido presentados por la tesorera, Aurora Ortega, y el decano, Salvador González; y ha manifestado el apoyo al decano emérito Francisco Javier Lara por el procedimiento judicial abierto contra él por un presunto delito de desobediencia.

Respecto al presupuesto, según han informado desde el colegio, el incremento de las prestaciones sociales a compañeros que se encuentren en dificultades, la formación especializada y de calidad y la apuesta de la junta de gobierno por las delegaciones son algunos de los aspectos más destacados, así como la transformación tecnológica del colegio, a la que se destinarán más de 600.000 euros en los próximos ejercicios.

Como segundo punto del orden del día, la Junta General ha aprobado expresar el apoyo "inequívoco" de los compañeros Lara, tras el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga por el que se acordaba la continuación por los trámites de procedimiento abreviado de las diligencias previas incoadas por un presunto delito de desobediencia ocurrido el 6 de mayo de 2020.

La junta de gobierno, que ya manifestó su apoyo al decano emérito el pasado 12 de noviembre, ha reiterado el respaldo y ha recordado que ha puesto a su disposición una defensa letrada en la que participa la presidenta del CGAE, insistiendo en que confían "en la justicia y en un pronto archivo de la causa", han indicado en un comunicado.

Así, la junta general ha aprobado por unanimidad, a instancias de la junta de gobierno, una declaración institucional, en la que se señala que "la Abogacía malagueña expresa su firme apoyo" a Lara, "inmerso en un procedimiento por un presunto delito de desobediencia, en el que necesariamente debe tenerse en cuenta que su actuación en plena pandemia fue bienintencionada y en defensa de la salud de los abogados de oficio, atendida la precariedad de medios preventivos existentes en aquel momento".

Asimismo, en dicha declaración institucional se añade que la Abogacía malagueña "confía plenamente en la justicia y en un pronto archivo de la causa".