El impuesto de plusvalía bajará un 36% de media en Málaga a partir de abril

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como la plusvalía municipal, bajará un 36% de media en Málaga a partir de abril, según ha anunciado el concejal de Economía y Hacienda Carlos Conde quien, además, ha señalado que esta modificación fiscal supondrá un agujero en las arcas municipales de 19 millones de euros.

Esta rebaja fiscal se incluirá en la nueva ordenanza municipal en la que está trabajando el Área de Economía y Hacienda junto con Gestrisam para adaptarse a la nueva normativa estatal -Real Decreto-ley 26/2021- que modifica el cálculo de este impuesto, que es estatal pero que se aplica a través de los Ayuntamientos en caso de compraventa (plusvalía intervivos) o por herencia (plusvalía mortis causa) de una vivienda.

"La situación del tipo impositivo podría haberse modificado al alza pero hemos preferido dejar la situación tal cual el Ayuntamiento venía aplicando hasta la fecha", ha detallado Carlos Conde. Por tanto, ese tipo impositivo se mantendrá en el 29%.

Tampoco se modificarán las bonificaciones que ya recoge la actual ordenanza fiscal para el impuesto de plusvalía municipal que, según Conde, beneficia a 1.400 familias con un importe aproximado de 1,5 millones adicionales a esos 19 millones que ya proyecta el Ayuntamiento que dejará de percibir cuando entre en vigor la reforma impositiva.

No obstante, se dan casos concretos, "excepcionales", según Conde, en los que esa bajada impositiva pueda ser más acusada o, por el contrario, se produzca un incremento. Así, aquellas personas que adquirieron una vivienda durante el boom inmobiliario, en un período de 13 años, que compraron a precios muy altos y se han visto en la necesidad de deshacerse del bien.

"Esa burbuja se desinfló y estaban vendiendo a un precio por debajo al que en su momento compraron. En estos casos, la bajada puede llegar en torno al 81%".

En el otro extremo, aquellos ciudadanos que se "aprovecharon" de comprar a precios muy bajos hace cinco años y ahora venden por un importe mucho mayor debido al incremento de precios que está experimentando el mercado inmobiliario malagueño, afrontarán un pago mayor "porque se ha conseguido un beneficio muy importante en esa compraventa". Ese caso concreto, asegura Conde, afecta a un 4% del total de transmisiones de inmuebles que se dan al cabo de un año.

Cambios en la tributación

Con la adaptación de la ordenanza municipal al nuevo texto normativo estatal, los malagueños que vayan a vender una casa o bien que hereden una vivienda no tendrán que pagar este impuesto "en caso de inexistencia de incremento de valor de los terrenos", ha avanzado Conde, esto es, que si la persona demuestra que vende por un precio menor por el que compró, no existe ganancia y quedan exentos de abonar la plusvalía. Con la anterior redacción del impuesto, en estos casos sí era obligatorio cumplir con esta tributación pese a no existir ganancia patrimonial.

Asimismo, para calcular el impuesto se podrá escoger entre dos métodos de cálculo. Por un lado, la "estimación objetiva" por la que se multiplica el valor catastral del suelo por una escala de coeficientes según los años que hayan pasado desde la última vez que se traspasó el inmueble, que puede ir desde un año hasta más de 20 años. Al resultado, se le aplica el tipo impositivo.

Por otro lado, se encuentra la "estimación directa", que se calcula a partir del beneficio que se obtiene al vender, que se compara con el valor catastral del inmueble.

Otro aspecto que se transforma con la nueva ordenanza es la obligatoriedad de abonar la plusvalía municipal cuando se compre y se venda un bien inmueble en el mismo año. "Antes no se tributaba por el primer año de plusvalía; si se compraba y se vendía en el mismo año, el pago del impueso era cero. Con esta nueva ordenanza se tiene que tributar aunque sea por menos de un año", ha señalado Carlos Conde, que ha añadido que se trata de una medida que trata de luchar contra la especulación.

Plusvalía mortis causa

La plusvalía mortis causa, es decir, por herencia, es la faceta más polémica del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, definido como un "impuesto a la muerte" o "injusto", ya que tras el fallecimiento de un familiar, los herederos tienen que afrontar el pago de este impuesto para no perder el bien inmueble.

En ese sentido, los grupos políticos de la oposición, PSOE y Unidas Podemos, han reclamado al equipo de Gobierno, especialmente al PP, que cumpla con el compromiso político del presente mandato de bajar un 12,5% la plusvalía mortis causa en los casos de que se herede la vivienda habitual de la familia.

"Si hacen los cálculos lo van a ver muy claro. Con esa bajada media del 36,82% de la plusvalía intervivos y mortis causa, estamos cumpliendo, por el cambio normativo al que tenemos que adaptarnos, nuestro compromiso de bajar la plusvalía por herencia", ha añadido Conde. "El compromiso electoral se está cumpliendo con la aprobación de esta ordenanza".

Valores catastrales

Ha expuesto Conde que en 2015 se bajaron los valores catastrales en Málaga un 22% y que, desde entonces, no se han vuelto a revisar, mientras que los valores de mercado han experimentado una subida exponencial en los últimos cuatro años. "Los valores catastrales son un tercio de los valores de mercado, la diferencia es abismal". Por ello, ha explicado el concejal que en 2022 y 2023 no se revisarán esos valores, ni al alza ni a la baja.

Declaraciones a la espera

Esta nueva ordenanza fiscal tendrá que pasar por la Junta de Gobierno Local, por la Comisión de Economía y Hacienda y, finalmente, el Pleno para su aprobación inicial, que se espera para el próximo mes de febrero. Después habrá un período de 30 días laborales de exposición pública, por lo que se espera que a mitad de abril se cuente con la aprobación definitiva.

Todo ello para adaptarse al Real Decreto-ley 26/2021 aprobado en Consejo de Ministros el pasado noviembre para cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba la nulidad del impuesto. Por ello, desde entonces desde Gestrisam se están recogiendo las declaraciones de transmisión de los inmuebles pero no se están tramitando, a la espera de la nueva ordenanza.

Asimismo, desde 2017, desde la primera sentencia del Tribunal Supremo en cuanto a este impuesto, hay más de 7.000 reclamaciones pendientes de valoración sobre este impuesto, en concreto, interpuestas por ciudadanos que defienden que obtuvieron pérdidas en la transmisión de un inmueble.