La comisión de Economía y Hacienda ha sido, como se esperaba, el broche a una semana marcada por la plusvalía municipal, el impuesto que grava, por un lado, la compraventa de inmuebles y, por otro, la transmisión por herencia, la plusvalía mortis causa.

Ante la subida de decibelios progresiva que impulsó los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, PSOE y Unidas Podemos, en cuanto a la reforma del impuesto y el compromiso electoral del PP de acabar con la plusvalía - eso sí, con una compensación económica por parte del Gobierno central-, el edil de Economía y Hacienda convocó ayer una rueda de prensa para anunciar una reforma de la ordenanza municipal que regula este tributo, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Esta mañana se ha rechazado una moción a propuesta del grupo municipal socialista en la que instaba al alcalde Francisco de la Torre a “cumplir” su promesa electoral de 2019 “para acabar con la plusvalía mortis causa”.

El origen de esta reforma a marchas forzadas reside en la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado octubre que declaraba la “nulidad” e “inconstitucionalidad” del tributo así como el posterior texto normativo aprobado por el Gobierno central mediante un Real Decreto-ley para corregir el impuesto.

Con todo, Conde anunció ayer que con la nueva ordenanza los malagueños pagarán, de media, un 36% menos en el impuesto de la plusvalía municipal, un saco en el que se incluye tanto la intervivos (compraventa) como la mortis causa (herencia).

La concejala socialista responsable de Economía Alicia Murillo ha tildado ese anuncio como un “truco de ilusionista y de los malos”, al recalcar que la esa modificación viene obligada por el dictamen del Constitucional y que se ha declinado corregir los valores catastrales -que según explicó Carlos Conde, llevan congelados desde 2015 y suponen un tercio de los valores de mercado-. “Déjense de anuncios trucados”.

Carlos Conde volvió a recalcar el agujero de 19 millones de euros que supondrá esta reforma fiscal, en el contexto de la crisis sanitaria. “Sobreviene en marzo de 2020 una pandemia que nos ha hecho todo recomponer nuestras cuentas, compromisos electorales incluso, con caídas enormes de ingresos”, ha esgrimido Conde. “Nadie nos puede quitar el mérito de asumir en solitario esa bajada de la plusvalía”.

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Por su parte, desde la bancada de Unidas Podemos, grupo municipal que había pedido la comparecencia del edil de Economía y Hacienda, Nicolás Sguiglia ha enumerado una ristra de medidas para salvar esa caída en la recaudación, entre ellas, aplicar el Ibi diferenciado, fusionar Imfe y Promálaga, poner más inspectores en Gestrisam o hacer un estudio sobre la productiva de los asesores municipales.

Conde ha vuelto a apelar al Gobierno central por su "deslealtad institucional" y para que ejerza su labor de “tutela” de las administraciones locales y compense la caída en la recaudación municipal, una exigencia que, asegura, se seguirá impulsando desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). “Yo le he reconocido que si viniera a poner dinero, sería el primero en decir que las plusvalías mortis causa bajan también gracias al Gobierno de España”.