El Ayuntamiento de Málaga reclama 223.500 euros a Bosque Urbano en costas judiciales

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha enviado al juzgado la solicitud en la que reclama el importe de las costas judiciales a Bosque Urbano por tratar de paralizar de forma cautelar la subasta de los terrenos municipales de Repsol.

Al desestimar la medida, la jueza en el auto indicaba que la parte demandante, en este caso, la plataforma ciudadana debería pagar las costas judiciales. Los técnicos ya han hecho la estimación de este importe, que valoran en 223.500 euros, atendiendo, entre otras cosas, al valor de los terrenos que se pretenden enajenar, de alrededor de 50 millones de euros.

"En base al auto, los técnicos municipales han calculado las costas. Como la cuantía es determinada porque han solicitado paralizar una enejaneación pública, las costas se calculan como dice la doctrina del Tribunal Supremo. En base a eso se han calculado y se han enviado al juzgado", explicó el concejal de Urbanismo, Raúl López. "Estos señores podrán estar de acuerdo o no, podrán reclamarla o no, pero yo tengo que cumplir con lo que dice el auto, que están condenados en costas. Enviamos la solicitud al juzgado y el juzgado decidirá".

Por su parte, Pedro Francisco Sánchez, portavoz de la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga (BUM), precisó este lunes a este diario que BUM se opondrá a la valoración de las costas judiciales propuesta por el Ayuntamiento de Málaga. "Nos opondremos porque daremos una valoración menor", explicó.

El portavoz detalló que la cifra de 223.000 propuesta por el Consistorio forma parte de las cuestiones previas a la celebración del juicio y recordó que esa cantidad no tiene por qué coincidir con la valoración que del pleito haga la jueza. Además, recordó que, "en principio", si una vez celebrado el contencioso-administrativo la jueza admitiera al menos una de las peticiones de la plataforma ciudadana, BUM ya no tendría que hacerse cargo de las costas.

Pedro Francisco Sánchez subrayó que ahora mismo se encuentran en un momento procesal en el que "ni siquiera se ha planteado formalmente la demanda" que, remarcó, está tan amparada por la ley "que el juzgado la ha aceptado".

En este sentido recordó que en 2011, cuando se aprobó el PGOU actual, se debería haber impugnado "pero en ese momento no existía la plataforma" y es ahora, cuando se va a aplicar en los terrenos de Repsol, cuando la legislación permite la "impugnación indirecta" del PGOU.