Vía libre para Repsol: La jueza rechaza las medidas cautelares solicitadas por Bosque Urbano

Vía libre para la subasta de los antiguos terrenos de Repsol. La Gerencia de Urbanismo ha recibido un auto judicial en el que se desestiman las medidas cautelares solicitadas por la plataforma Bosque Urbano, que pedía la paralización de la venta de las cinco parcelas municipales en las hay proyectadas tres torres de 28, 30 y 32 plantas.

El concejal de Urbanismo, Raúl López, ha explicado que la jueza considera que el planeamiento "está en vigor, es perfectamente legal y que no puede más que desestimar las medidas cautelares". Cabe recordar que esta subasta lleva en suspenso desde el pasado junio, cuando la Mesa de Contratación de la Gerencia de Urbanismo decidió aplazar el procedimiento ante el recurso planteado por Bosque Urbano y que fue admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Málaga.

En el auto, la jueza deniega las medidas cautelares alegando que las parcelas en cuestión, P.2, P.3, P.4, P.5 y P.6 del SUNC-0-LO.17 Repsol, "tienen un uso concreto establecido en el planeamiento, sin que puedan ser destinadas sin más a zonas verdes como pretende la Asociación recurrente, por lo que la medida cautelar interesada por la recurrente deviene inoperante, toda vez que las parcelas en cuestión ya continúen bajo la titularidad del Ayuntamiento demandado o se enajenen a terceros licitadores, el uso de las mismas continuará siendo el mismo, estando las mismas destinadas a usos residenciales y terciarios y no a zonas verdes".

Entiende la jueza que al tener este suelo una calificación urbanística de uso residencial libre, terciario y aparcamiento en el Plan General de 2011, el vigente, "que no ha sido objeto de impugnación directa", impide que sea destinado a generar una gran zona verde como piden desde Bosque Urbano.

Asimismo, se indica, "no se acredita que la ejecución de los actos administrativos impugnados ocasione daño alguno a los intereses urbanísticos y medioambientales, es más ni siquiera concreta y detalla cuales son los supuestos daños". Con todo, impone el pago de las costas a la parte recurrente, esto es, a la plataforma ciudadana, que ascienden a 2.187.881,54 euros.

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Se reactiva la venta

Esta resolución judicial supone la reanudación del proceso de venta de los terrenos aunque no será inmediato; Urbanismo se da un plazo de, al menos, un mes para notificar a todos los licitadores el fallo, además de que debe dejar un plazo de audiencia a los interesados. Cumplidos todos los trámites, se volverá a convocar, por tercera vez, la Mesa de Contratación.

En cuanto a si este pleito que se abrió el pasado junio ha podido generar cierta inseguridad jurídica entre las promotoras aspirantes a construir las torres y la zona comercial, López lo descarta con rotundidad: "La inquietud se genera cuando alguien hace algo que está mal, nosotros siempre hemos trasladado que estamos haciendo lo que la ley dice, estamos ejecutando lo que el planeamiento de hace más de diez años está en vigor. Cualquiera que no estuviera de acuerdo con este planeamiento ha tenido años para poder denunciarlo. Sin embargo lo hacen cuando vamos a enajenar algo para paralizarlo. Con lo cual, yo creo que la intención es clara".

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El edil de Urbanismo ha insistido en que el ente municipal no ha realizado "ninguna actuación irregular" porque cumple con el Plan General de 2011 en el que se indica que esa parcela tiene uso residencial. "Es una noticia muy interesante para la Gerencia porque básicamente lo que propone es que el ayuntamiento estaba haciendo las cosas bien y que evidentemente no estamos haciendo ninguna actuación irregular como estos señores han denunciado, anunciado y publicado, y donde se ha recogido en muchos medios, donde parecía que el ayuntamiento estaba enajenando algo que no podía".

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Desde la Plataforma Bosque Urbano aseguran que aún no han recibido el auto por lo que no harán declaraciones hasta examinar el contenido del fallo judicial.

Según se refleja en el auto, la resolución judicial no es firme y contra ella cabe interponer un recurso de apelación en un plazo de 15 días.

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