Ratifican la condena al exdecano de los abogados de Málaga por desobediencia

La Audiencia malagueña ha ratificado la condena al exdecano del Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara por un delito de desobediencia grave a la autoridad después de que durante el primer estado de alarma por la pandemia no enviara al juzgado ningún abogado de guardia aduciendo motivos de seguridad, incumpliendo así un requerimiento judicial.

Pese a que los magistrados de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga mantienen que el exdecano cometió un delito de desobediencia estiman parcialmente el recurso presentado por Francisco Javier Lara, solo en cuanto a la multa, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

El exdecano ha sido condenado a una multa de seis meses con una cuota diaria de 15 euros, lo que supone el pago de 2.700 euros, frente a los 5.400 euros a los que se le condenó en primera instancia por doce meses de multa.

El tribunal considera que debe confirmar la primera resolución y mantener todos sus pronunciamientos, salvo la pena a imponer (en lugar de doce meses de multa, lo rebaja a seis meses, el mínimo legal) al considerar que es una persona sin antecedentes penales y decano del Colegio de Abogados de Málaga con solvencia social.

La sala también ha tenido en cuenta la gravedad relativa de la no asistencia técnica acontecida (de 9,30 a 18 horas), el escaso tiempo de no acatamiento de lo ordenado (de 11 a 18 horas), la final aceptación de protección a la justicia así como la inicial voluntad protectora de la salud del colectivo colegial, entre otros puntos.

Respecto a la falta de motivación que se argumentó en el recurso, los magistrados mantiene que la sentencia está razonada, detallada, motivada y no se vulneran los derechos del apelante.

Los magistrados mantienen que se creó un conflicto "que se debió evitar, más aún en un estado de alarma (ante la cual el colectivo de abogados reaccionó valientemente, con gran proporcionalidad y atendiendo las necesidades esenciales de los ciudadanos)".

Y lamentan que el exdecano intentara imponer un protocolo unilateral y propio, "al margen de como se debe acordar en un estado democrático".

El Tribunal recuerda que en aquel momento se estaba en un estado de alarma sanitaria, "pero existían medidas de seguridad y actuación, ante necesidades de la sociedad, concretas y específicas (no impuestas por parte de nadie, de forma unilateral, sino consensuada, en actuación democrática, por agentes sociales, en defensa de la colectividad)".

Los magistrados mantienen que se produjo el delito de desobediencia ya que negó la ayuda, la colaboración y omitió la comunicación de lo pedido por la autoridad judicial "conociendo las circunstancias especiales y asumiendo su decisión".

"No es admisible que se efectúe una tenaz y enorme oposición a lo ordenado por la autoridad judicial", señala el Tribunal, que recuerda que fue advertido y avisado de la posible sanción.

El decano siempre ha negado que cometiera un delito de desobediencia así como que fuera una decisión personal, ha mantenido durante la instrucción del caso y en el juicio que fue una decisión de la junta de gobierno, que se limitó a velar por la seguridad y la protección de la vida y la salud de los colegiados en un momento que morían miles de personas.

Numerosos Colegios de Abogados, entre ellos el de Madrid, tacharon en su día la sentencia como "bochorno jurídico" y criticaron que la sentencia denotaba una "absoluta ausencia de capacidad de diálogo de la magistrada denunciante, la nula empatía con la abogacía de oficio y la plena abstracción del contexto dramático de pandemia y muerte que padecía España".

A dichas críticas se sumaron asociaciones nacionales e internacionales de abogados así como compañeros de la abogacía de toda España.

El exdecano de abogados de Málaga Francisco Javier Lara tras tener conocimiento de la sentencia y estudiar la resolución ha señalado a EFE que van a recurrir ante el Supremo.