La Junta de Andalucía ha resuelto aplazar el abono de 5,7 millones de euros previsto para hoy, 20 de junio, en el calendario de pagos del anticipo reintegrable de 100 millones de euros que la Administración autonómica concedió a la gestora de Marbella en 2006, tras intervenir el Ayuntamiento ante el escándalo de los casos de corrupción.
«Esta medida responde a la disponibilidad y flexibilidad del Gobierno andaluz con Marbella tal y como me trasladó personalmente el pasado domingo la presidenta, Susana Díaz, en su investidura» apunta el alcalde de la ciudad, José Bernal.
La Consejería de Hacienda ha elaborado una adenda al convenio que firmaron en 2010 el Consistorio y el ente autonómico para la devolución de ese dinero, en la que se establece una moratoria para el próximo vencimiento previsto para esta misma mañana.
En este sentido, la Consejera responsable de este área, María Jesús Montero, firmó ayer dicha adenda para hacer efectiva la moratoria.
En su escrito la mandataria andaluza manifiesta «la voluntad de colaboración de la Junta de Andalucía con la ciudad para solventar la situación actual y evitar mayores tensiones a las finanzas del Ayuntamiento».
La adenda aplaza la cantidad que vence hoy a las cuotas de septiembre y diciembre de 2015, respectivamente. Pero las espectativas del Consistorio marbellí van más allá de esta medida.
La intención del equipo de gobierno de José Bernal es la de renegociar con el órgano autonómico la deuda total que asciende a 75 millones de euros a pagar en un plazo de tres años.
Así pues, el ejecutivo local iniciará las negociaciones para una refinanciación de dicha deuda que haga viable económicamente la institución municipal.
Para ello, la propuesta más factible es la de aplazar esa cantidad a 20 años y arrancar a su vez el compromiso autonómico de que parte de ese dinero revierta en intraestructuras en el municipio, algo que el gobierno andaluz ha negado sistemáticamente al Ayuntamiento de Marbella mientras ha estado gobernado por el Partido Popular.
Sin embargo, el diálogo no puede comenzar hasta que el Parlamento de Andalucía cambie la ley.
En este sentido, es necesario que el Parlamento Andaluz apruebe una proposición no de ley que modifique la resolución actual. Asimismo, PSOE e IU impulsarán esta medida que deberá ser apoyada por otros grupos políticos en la cámara.
@MariaAlbarral
