Los dos hombres detenidos como presuntos autores del asesinato de Milos Perunicic, el ciudadano montenegrino que fue ejecutado en Marbella en un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, quedaron en libertad momentáneamente este miércoles tras anular un tribunal el auto de prisión que una jueza de Barcelona dictó tras los arrestos en la Ciudad Condal. La insólita decisión, que provocó un terremoto judicial y policial con epicentro en el juzgado de Marbella que instruye el caso, se tomó después de que los magistrados de la Sección 5 de la Audiencia Provincial catalana estimaran parcialmente el recurso de apelación de los abogados de los sospechosos, que entendían que sufrieron indefensión al no ser informados debidamente de los hechos por los que les privaban de libertad, como establece el artículo 118.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La instrucción justificaba el muro de silencio al secreto de unas actuaciones del que también se siente perjudicada la acusación particular: «Es lamentable que por mantener y retorcer el secreto de actuaciones, vetando así la actuación de la acusación particular, se haya puesto en libertad a dos asesinos», explicó el penalista Javier Muriel.

Según fuentes judiciales, el auto de la Audiencia de Barcelona obligó al Juzgado de Instrucción 4 de Marbella a liberar inmediatamente a los sospechosos de sus respectivas prisiones barcelonesas, pero con la condición de que se presentaran 45 minutos más tarde en los juzgados de sus demarcaciones, Granollers y Martorell. Durante ese tiempo se alzó el secreto de sumario para que las defensas accedieran a los datos de la investigación que atribuye a sus representados el asesinato del montenegrino. En el caso de Granollers, el investigado se presentó a su hora y el instructor volvió a ordenar su ingreso en prisión como solicitaron la Fiscalía y la acusación particular. En Martorell, sin embargo, saltó la sorpresa que muchos temían. El sospechoso se presentó en el juzgado, pero se le perdió la pista justo cuando su abogada llegó para asistirle en la vista. El instructor lanzó entonces una orden de detención que culminó poco después al ser interceptado en carretera. La vista se ha celebrado telemáticamente este jueves y ya se ha ordenado su ingreso en prisión.

Si hasta ahora la instrucción se amparaba en la excepción que supone el secreto de las actuaciones para no la facilitar información, el auto de la Audiencia de Barcelona subraya que esa excepción tiene unos límites. Sus autores destacan que en el atestado policial que se hizo tras las detenciones refleja que ni los detenidos ni sus abogados accedieron al mismo a pesar de sus peticiones y que sólo fueron informados de que las diligencias eran secretas. El documento añade que en la posterior declaración ante la jueza de Instrucción 23 de Barcelona sí se les comunicó la imputación por el asesinato de Perunicic, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y falsificación documental, pero que tampoco se les trasladó los «elementos esenciales» de la causa que volvieron a solicitar infructuosamente. «La información ofrecida al investigado fue claramente insuficiente. No se especificó qué día habían ocurrido los hechos, ni en qué población, ni por qué se vinculaba al investigado con ese hecho. No se especificó a qué organización criminal pertenecía. No se especificó qué arma poseía, cuándo y dónde. Y no se especificó qué documento habría falsificado», argumenta el tribunal en el auto a favor de uno de los detenidos antes de señalar «el importante error» que supone no facilitar los elementos esenciales a la defensa en este caso.

El tribunal añade que pudieron hacer copias parciales del atestado y no se hicieron. O permitir el acceso o entregar copias de otras actuaciones como los registros o el supuesto croquis del asesinato, las imágenes de las cámaras de seguridad: «No se hizo así y con ello se inculcó el derecho del apelante a conocer las actuaciones y se restringió indebidamente su derecho de defensa. En definitiva, se impidió que el apelante pudiera realizar alegaciones adecuadas sobre los indicios sobre los que se basaba la imputación y se le ha impedido impugnar con conocimiento de causa su privación de libertad».