La Diputación le pide al Gobierno central y la Junta una moratoria para los parques fotovoltaicos proyectados en Málaga

Una problemática que afecta a numerosos municipios de la provincia de Málaga ha puesto de acuerdo a todos los grupos políticos representados en la Diputación Provincial. La institución supramunicipal ha aprobado de forma institucional una moción socialista que solicitaba una moratoria para, de momento, frenar la implantación de megaparques fotovoltaicos que afecta, sobre todo, a las comarcas del Guadalhorce y Sierra de las Nieves.

La intención es que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía paralicen la puesta en marcha de estos proyectos hasta que sean replanteados en función de las reivindicaciones de los ayuntamientos.    

Durante el debate de esta moción en la sesión plenaria ordinaria de junio, se asistió a la intervención de algunos de los regidores de los municipios afectados para manifestar la posición de un grupo de alcaldes sobre la proliferación de estos grandes parques de placas solares.

Así, el alcalde de Álora, Francisco Martínez (PSOE), sostuvo que no están en contra de las energías renovables y dejó claro que realmente reclaman "que se haga de forma controlada". "Estas instalaciones descontroladas van en dirección opuesta a la política turística y medio ambiental que la Diputación está llevando a cabo; entendemos que es especialmente urgente la moratoria de los parques de Sierra de las Nieves y Comarca del Guadalhorce, así como sus líneas de evacuación, por el avanzado estado de tramitación de los mismos", aseguró.

Asimismo, Martínez llegó a vincular esta realidad con la nueva andadura de Sierra de las Nieves como Parque Nacional. "Imaginaos un mar de placas y de líneas de evacuación rodeando el Parque Nacional; si Gobierno y Junta no paralizan este ataque frontal, a los alcaldes y alcaldesas nos encontrarán en frente, dispuestos a defender con todas nuestras fuerzas la conservación de nuestra naturaleza, de nuestra agricultura y de la forma de vida de nuestros vecinos y vecinas", enfatizó el regidor perote.

Por su parte, el alcalde de Coín, Francisco Santos (PP), también abogó por "un control" y "la elaboración de un nuevo mapa energético en el que estas instalaciones se ubiquen y se lleven a cabo de forma pactada con los ayuntamientos". "Hay que buscar un equilibrio entre la implantación de dichas instalaciones y el impacto medioambiental que generan", añadió Santos.

Asimismo, el regidor coíno subrayó al reclamar el apoyo de la Diputación que "la falta de regulación en los planes generales de ordenación urbana no permite a los ayuntamientos ningún margen para limitar, ordenar o coordinar este tipo de actuaciones". "Existe una burbuja energética, si se suma toda la energía que supuestamente van a generar todos los proyectos planteados superan más del triple de la que es necesaria para cumplir con los objetivos del plan energético nacional 2021-2026", añadió. 

Tras su intervenciones, el presidente provincial, Francisco Salado, se puso a disposición de los ayuntamientos y les transmitió que todos los grupos políticos lucharán para que la puesta en marcha de los parques fotovoltaicos "se haga de una forma ordenada".

Salado desgranó los acuerdos adoptados en la moción institucional en la que ha derivado la iniciativa socialista y recalcó, al referirse al primero de ellos, la necesidad de instar al Gobierno central y la Junta de Andalucía para que se permita una moratoria en los municipios que lo soliciten.

El presidente provincial le ofreció a los ayuntamientos "asesoramiento para ver en qué lugares se pueden desarrollar este tipo de instalaciones para procurar el menor impacto posible". A su vez, Salado insistió en la necesidad de "proteger el turismo de interior, un sector que mueve en la provincia de Málaga más de un millón de visitantes al año y supera el impacto de este segmento en las provincias de Almería, Granada, Huelva y Sevilla juntas".

Salado también recordó el envío de cartas a la vicepresidenta del Gobierno y ministra e Transición Ecológica, Teresa Ribera; al consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo; y al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, "advirtiendo del riesgo que supone abordar la instalación de parques fotovoltaicos sin un diseño ni planificación previa y reclamando que se regulen mejor este tipo de actuaciones".