Tribunales
Condenan al alcalde de Almogía a cinco años y tres meses de inhabilitación por prevaricación
Ha sido condenado en primera instancia por una licencia para una vivienda unifamiliar en 2008
L. O.
El Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga ha condenado al alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE), al pago de una multa de 2.700 euros y a una pena de cinco años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación en una licencia para una vivienda unifamiliar en 2008.
Este caso es el primero de los juicios orales que se denominó por la Guardia Civil caso «Almexia», Almogía en árabe, y se inició a principios de 2009, aunque la entrada y registro del Ayuntamiento, la Casa de la Cultura y dependencias de la Policía Local se autorizó en octubre de ese año.
En el banquillo de los acusados también se sentaron otros tres acusados que han resultados condenados, según la sentencia.
El abogado de la defensa, José Carlos Aguilera, ha asegurado que van a recurrir la sentencia, que no es firme. Para el letrado el fallo incurre en errores manifiestos en la valoración de la prueba y ha destacado que el regidor como todos los alcaldes, en materia de licencias de obras se limitan a otorgarlas o delegarlas conforme al sentido de los informes técnicos y jurídicos.
«Si los informes son favorables, las concede; si son desfavorables, las deniega. Es el secretario municipal quien prepara las propuestas de resolución correspondientes y el alcalde las firma», argumenta.
Aguilera también ha incidido en que ningún alcalde, como norma general, examina los expedientes de licencias de obras y, en el supuesto de que lo hiciera, carecen de conocimientos para formarse una opinión técnica y jurídica sobre si debe dar la licencia o denegarla.
«En este caso ambos informes eran favorables. Habría prevaricado si con estos informes favorables hubiere denegado la licencia», ha añadido el letrado, al tiempo que ha dicho que tiene la convicción jurídica de que el recurso prosperará.
Aguilera ha informado que el alcalde no dimitirá; «así lo he aconsejado, para que pueda ejercer su legítimo derecho a la presunción de inocencia».
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