El alcalde de Guaro, investigado tras una denuncia por un supuesto pozo ilegal

El Juzgado de Instrucción número 1 de Coín ha abierto diligencias para investigar al alcalde de Guaro, José Antonio Carabantes (Cs) , tras una denuncia de unos agricultores que lo acusan de haber realizado supuestamente un pozo de forma clandestina para la captación de aguas subterráneas.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, se afirma que el regidor presentó en 2010 una solicitud de agua subterránea para el riego de sus fincas ante la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía pero que dicha petición le fue denegada.

Posteriormente, en fecha que no se concreta en la denuncia, el denunciado presuntamente realizó unas obras en el río Grande para la captación de aguas subterráneas con las que regar una superficie de invernaderos de aproximadamente tres hectáreas en las que tenía previsto cultivar verduras, siempre según la denuncia.

"Una vez hizo el pozo de forma clandestina en la ribera del río", señala el escrito, inició la extracción de agua para su invernadero.

En la denuncia se precisa que el pozo está situado a unos 170 metros del pozo del Ayuntamiento de Guaro, que se encuentra río abajo y que ha visto supuestamente reducido su canal por la captación del pozo ilegal.

Los agricultores mantienen que el pozo "merma el caudal del río y la entrada de agua subterránea al pozo municipal; también afecta al caudal de la comunidad de regantes, que se abastecía de agua precisamente en la pequeña presa que cada año se ubica junto al pozo denunciado".

La Fiscalía de Medio Ambiente, tras tener conocimiento de la denuncia, acordó la práctica de una serie de diligencias y pidió al Seprona que investigara los hechos por si eran constitutivos de un delito de extracción ilegal de aguas y otro contra el medio ambiente.

El Seprona concluyó que tanto la comunidad de regantes La Barraca, que no consta legalmente constituida y carece de autorización o concesión de agua, como el Ayuntamiento de Guaro, a través de su pozo municipal -que la utiliza para el suministro público de agua- carece de todo tipo de control sobre el caudal distraído y en detrimento del propio caudal de las aguas públicas.

Tales hechos, según el fiscal, podrían ser constitutivos de un delito de extracción ilegal de agua y remite el caso al juzgado para investigarlo.

"Es un tema político", asegura el alcalde

José Antonio Carabantes ha negado a EFE haber realizado dicho pozo y ha explicado que la excavación estaba desde hacía años y que él solo pidió un permiso para repararlo pero cuando se lo denegaron lo cerró y está sellado desde entonces.

"Bajo mi criterio es tema político, es por mi figura como alcalde no como agricultor, porque es una explotación que lleva toda la vida y nunca habíamos tenido problemas", ha explicado.

El regidor ha indicado que agentes del Seprona tras la denuncia se pusieron en contacto con él y visitaron la parcela para hacer un informe y "pudieron comprobar que no funcionaba, no tenía agua y el sistema de riego que tengo era el correcto".

Ha reiterado que él solo quiso acondicionar un pozo que había estado allí siempre pero que cuando le denegaron la petición siguió cogiendo el agua, como siempre, de la comunidad de regantes La Barraca.

El alcalde ha insistido en que a él no le detectaron ninguna irregularidad y que sobre el pozo del Ayuntamiento efectivamente se hizo en los años 80 y que no tiene todos los papeles en regla.