Pobreza y derechos humanos

El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La erradicación de la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, es uno de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas aprobaron en el 2015 y de la que España forma parte de entre los 193 países integrantes.

España acaba de vivir una pandemia provocada por la Covid-19 y sus servicios públicos se han quedado muy debilitados, ya que a pesar de que el Gobierno de Coalición haya aprobado medidas que mejoran la vida de la ciudadanía, la realidad es que la sanidad, la dependencia, las pensiones y los derechos laborales aún se ven gravemente mermados.

Antes de esta pandemia hay que recordar que hubo una crisis económica en este país (2008-2014), donde sus consecuencias aún las estamos padeciendo, y como antecedente de todo ello, tenemos aún también parte de las políticas económicas liberales llevadas a cabo por el Gobierno de Aznar (1996-2004) en el que se inició un proceso de cambios legislativos orientados a favorecer una economía especulativa que generó un elevado endeudamiento de la deuda pública, favoreció la corrupción y propició la burbuja inmobiliaria, provocando un aumento de las situaciones de exclusión y desigualdad social que modificó los perfiles de las personas en esas situaciones.

Este aumento de la exclusión y desigualdad social fue debido a la rápida subida del desempleo, a la precarización del empleo y a las crecientes desigualdades de la renta durante las sucesivas crisis. Con la pandemia, la caída de ingresos se ha acentuado más, junto con la extensión de la pobreza y el aumento de la necesidad severa.

En España, la batería de medidas como las contenidas en el llamado Escudo Social, el Ingreso Mínimo Vital, el incremento del Salario Mínimo y otras medidas económicas y sociales llevadas a cabo por el Gobierno de Coalición, centradas en el apoyo a las empresas y a los trabajadores, con el objetivo de contrarrestar el impacto de la Covid-19 y preservar la actividad económica y el empleo, han servido para amortiguar temporalmente las consecuencias sobrevenidas por la Pandemia, desde un ejercicio de responsabilidad política sin precedentes en la historia democrática de este país.

El inicio de la recuperación económica y la creación de empleo que estamos experimentando, no está suponiendo una disminución de las cifras de pobreza y desigualdad. Como ejemplo de ello, en España, ser pobre en términos cuantitativos significa vivir en un hogar en el que se ingresan menos de 9.626 € anuales y 534 € mensuales por unidad de consumo.

La pobreza y la exclusión social son fenómenos multidimensionales y multifactoriales que deben ser abordados desde políticas públicas que promuevan la inclusión a partir de políticas integrales desde diferentes ámbitos: laboral, formativo, económico y social y desde los diferentes colectivos que son más susceptibles de padecer situaciones de riesgo, precariedad o vulnerabilidad: personas mayores, mujeres, dependientes,población infantil y población migrante.

Desde CCOO entendemos, y así lo venimos reivindicando, que para erradicar la pobreza, tiene que haber voluntad política para ello desde todos los ámbitos institucionales, porque es una cuestión que requiere la participación y sinergia de todas y cada una de las administraciones implicadas en este proceso.

Por ello, consideramos que es necesariamente urgente derogar la Reforma Laboral del 2012 para avanzar hacia un nuevo marco de relaciones laborales más inclusivo y democrático, que tenga en cuenta el impacto de género y a la gente joven.

De forma paralela, hay que seguir avanzando para garantizar la sostenibilidad del Sistema de Pensiones. Es imprescindible la subida de las pensiones mínimas y no contributivas que garanticen la suficiencia de las pensiones más bajas de forma estructural y a largo plazo. También es importante que mejore el Sistema Público de Servicios Sociales, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En esta organización sindical también consideramos que es muy importante continuar el desarrollo de un Ingreso Mínimo Vital, comenzando por el despliegue de un programa de prestaciones por hijo/a a cargo con mayor cobertura y mayor intensidad protectora frente a situaciones de vulnerabilidad. De igual forma, también vemos necesario el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para asegurar rentas del trabajo suficientes.

También hay que actualizar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para asegurar la intensidad protectora de las prestaciones y beneficios que lo toman como referencia. Igualmente, hay que garantizar, simplificar y ordenar las prestaciones y subsidios de competencia estatal, mejorando la coordinación con aquellos de competencia autonómica.

Acabar con la pobreza energética también es otro de nuestros objetivos. Reclamamos una reforma del mercado energético que evite el oligopolio de las grandes empresas eléctricas. Erradicar la pobreza es no solo un deber moral, sino también una obligación jurídica en el marco de la normativa internacional de derechos humanos vigentes.