El salario de los políticos

Según consta en el proyecto de Presupuestos Generales de Estado, el Gobierno de coalición se ha aplicado la subida salarial pactada con CCOO y UGT en la Mesa de la Función Pública, lo que supone un aumento del 4% respecto de lo consignado en los Presupuestos vigentes. Con ello, el sueldo anual del presidente Pedro Sánchez será de 90.010,20 euros anuales. Para valorar esta cuantía, he aquí algunos datos de referencia: Macron cobra un 110% más que Sánchez, mientras que el salario medio francés es un 56% mayor que el español. El presidente español también cobra algo menos que el primer ministro de Portugal, António Costa (91.000 € el año en curso), país cuyo salario medio es menor que en España (20.602 brutos al año, unos 4.000 euros menos). Asimismo, el salario del jefe de gobierno español está a gran distancia del de los jefes de Gobierno de Suiza (469.480 euros brutos al año) o de Estados Unidos (411.618).

El sueldo de los parlamentarios españoles también es bajo comparativamente. Un diputado de fuera de Madrid cobra unos 70.143 euros (un 3,5% más en 2023), casi tres veces menos que los diputados italianos y casi la mitad que los alemanes. Un informe interno del Centro Europeo de Investigación y Documentación Parlamentarias publicado por El Periódico de España, que compara los salarios de los diputados de varios países miembros de la UE en 2019, indica que España es el cuarto país por la cola. Solo Polonia, Croacia y Letonia retribuyen peor a sus parlamentarios.

Encabeza la lista el presidente de la Generalitat, con cerca de 133.000 euros, seguido del lehendakari (cerca de 107.000)

Por lo demás, hay en España numerosos sueldos superiores a los del presidente del Gobierno. Entre los alcaldes (por ley, el máximo no puede superar el de un secretario de Estado), el de Madrid, ingresa 108.517 euros brutos al año, ligeramente más que la regidora de París (103.800) y 40.000 más que el de Lisboa (62.688). Los salarios de los presidentes de las CCAA están muy dispersos. Encabeza la lista el presidente de la Generalitat, con cerca de 133.000 euros, seguido del lehendakari (cerca de 107.000) y de la presidenta de Madrid (103.000)

Es obvio que la valoración de estas cantidades adquiere un alto grado de subjetividad porque no interviene el mercado en la formación de los precios. Pero pueden establecerse algunos criterios racionales. Uno de ellos es el de diferenciar la profesionalidad de la ocasionalidad, y asimismo de distinguir los funcionarios públicos de los profesionales liberales. Un segundo criterio relacionaría el salario con el nivel de responsabilidad. Parece lógico que el presidente del Gobierno gane algo más que el presidente de una comunidad autónoma, y que este tenga un salario superior al del alcalde.

Otro criterio menos diáfano pero más decisivo es de carácter cualitativo. Si realmente queremos que vayan a la política «los mejores», como quería Ortega y como dicta el sentido común, no podremos ser cicateros con sus emolumentos. Los políticos han de tener firme espíritu de servicio pero no tienen ni que ser filántropos ni que renunciar al bienestar que puede proporcionarles una preparación esmerada. Hoy en día, muchas personas del sector privado no aceptan un ministerio o una secretaría de Estado porque no podrían mantener el tren de vida familiar al que han accedido. Por ello, debería haber un parangón entre el salario público de un alto cargo, que es eventual, con la remuneración de un cargo de similar contenido y responsabilidad en el sector privado.

Otra dimensión del asunto que debe observarse es la relacionada con la vocación política y con el acceso a esas esferas del servicio público. Hoy, la dedicación política está desacreditada y es difícil encontrar en la universidad a jóvenes que, al acabar la carrera, piensen probar fortuna en la política a través de los partidos, que son constitucionalmente los principales cauces de representación. El descrédito tiene orígenes complejos, de los que no está ausente la corrupción. Pero también se debe a los salarios poco atractivos, ya que un diputado o un ministro gana menos que un recién egresado en determinadas empresas y profesiones. No se trata de tirar la casa por la ventana sino de entender que con profesionales del montón difícilmente tendremos una política brillante.

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