Respeto para el Tribunal Constitucional

Deslegitimar al Poder Judicial en sentido amplio, incluyendo en éste al Tribunal Constitucional aunque no forme parte del mismo, constituye una conducta impropia de un estado de derecho. La crítica permanente a los tribunales sobre la base de la ideología de los magistrados que los integran, calificados como independientes o no partiendo de una posición exclusiva y excluyente que se eleva a la categoría de única e inamovible, es incompatible con la pluralidad. Cuando se trata del Tribunal Constitucional, eminentemente político, no partidista, sino en el sentido de estar sujeto a la Constitución, a su vez, permeable a las diversas ideologías que subsisten en la sociedad, debería ser moderada o, mejor incluso, eliminada de raíz por quienes mantienen posiciones tan extremas como de difícil comprensión en una sociedad que debería moderar sus expresiones y fomentar el respeto mutuo.

Este tribunal siempre se constituyó de igual forma al designarse sus integrantes por las Cortes, el Gobierno y el CGPJ, debido a su naturaleza, diferente a la propia de los órganos que componen el Poder Judicial. Por esta cualidad particular siempre reflejó las mayorías del momento, siendo la misma Constitución la que fomentó una forma de actuar que fuera consecuencia de su flexibilidad y de la pluralidad política que se evidencia en cada proceso electoral. Sus sentencias, por tanto, eran y han sido las propias de esas mayorías y, normalmente, consecuencia de bloques ideológicos en aquellos asuntos en los que se trataban materias sensibles a los posicionamientos de los magistrados. La diferente forma de interpretar la Constitución, que el TC determina conforme a las convicciones de sus magistrados fue algo querido por el constituyente y fruto, pues, de una decisión meditada y querida.

De esta manera, el anterior TC, de mayoría conservadora, dictó resoluciones tan discutibles como el actual, sin que pueda o deba entenderse que aquellas eran fruto de la más radical independencia y las de hoy son el efecto de una dependencia gubernamental que anteriormente era inexistente. No se puede caer en la ingenuidad y menos en la falta de rigor.

Los ataques a Conde Pumpido carecen absolutamente de justificación. Es un gran jurista, progresista, formado y con oficio, aunque sus resoluciones no gusten a algunos que las explican desde la deslegitimación más radical e injustificada. Un exceso tan manifiesto que en sí mismo explica la ausencia de fines justos.

No hay solo una forma de entender la Constitución, aunque no gusten algunas y puedan criticarse con el rigor propio y coherente con el respeto y la tolerancia. Y no hay en democracia verdades absolutas si se respetan los procedimientos establecidos. No existe solo una forma de entender el Estado, aunque el independentismo y el nacionalismo en general puedan y deban ser incluidos en el marco del conservadurismo, por atentar a la igualdad y la solidaridad. El progresismo no es compatible con el egoísmo propio de las inquietudes de los más poderosos frente a los menos favorecidos. Aunque se vista con banderas varias y con himnos engañosos.

Pero es al TC a quien compete interpretar la Constitución, no a los partidos y mucho menos a la prensa y comentaristas políticos.

Democracia es, entre otras cosas, asumir la competencia de cada institución y respetarla, no derrumbarla con ataques que no son propios del modelo constitucional. La institucionalidad exige respetar las instituciones en sí mismas, no sólo cuando se integran por los propios.

Deslegitimar un tribunal que actúa en el marco estricto de sus funciones con alusiones a dependencias que se afirman por el hecho único de no coincidir con un pensamiento determinado o por el origen de sus miembros, no nuevo, sino idéntico a los anteriormente designados, no revela convicciones democráticas profundas. Basta echar una mirada al pasado para comprobar que lo de hoy es tan viejo como el mismo tribunal.

Es evidente que las mayorías de hoy se han inclinado por magistrados que comparten su ideología. Tanto como sucedía en el anterior tribunal pero a la inversa. Nada nuevo aunque en la opinión pública se quiera instalar la imagen de que todo fue y era perfecto hasta la llegada al TC de los nuevos magistrados de convicciones progresistas o nacionalistas.

El reto es el respeto a un tribunal legítimo y el rechazo a los ataques solo por su composición desde posiciones ideológicas excluyentes. Y desde este respeto, cuando decida y resuelva, formular las pertinentes críticas sobre la base de sus decisiones y fundamentos, no sobre prejuicios. Y, desde el conocimiento, necesario en derecho, reprochar, rebatir, argumentar, proponer. En suma, lo que hacemos en la Universidad desde hace siglos. Nunca, cuando he criticado al TC he recibido respuestas airadas de sus magistrados, sino la cortesía propia de juristas prestigiosos que hacen su trabajo con mayor o menor acierto según la opinión de cada cual. Y nadie está en posesión de la verdad absoluta. La pluralidad y la duda son la mejor virtud para la convivencia.

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