Estado de derecho. Sumisión a la ley e impunidad

Pedro Sánchez está traspasando los límites más elementales del Estado de derecho. Y de forma preocupante. Afirmar que «una acción política nunca tuvo que derivar en un proceso judicial» es, con seguridad, en boca de un presidente del Gobierno, un exceso que entra en colisión directa con las bases más elementales del sistema democrático.

Porque la política no es inmune a la ley, sino que queda sujeta a ésta, al igual que los políticos que la hacen, que tampoco pueden serlo. Una visión de la política que consagra espacios de impunidad y los promueve se aproxima peligrosamente a los elementos que definen a los sistemas autoritarios. Y cuando esto sucede, deben accionarse los medios, siempre legales, para evitar una deriva que, una vez en curso, puede llegar a quedar fuera de control. Cuando la ley se supedita a fines indeterminados, el concepto de ciudadanía desaparece y aparecen los súbditos.

¿Quién es el jefe del Ejecutivo para criticar al Poder Judicial por aplicar la ley? ¿Quién es él para ordenar lo que debe o no ser juzgado? ¿Cómo se puede afirmar en la ONU que los tribunales españoles no deberían haber ejercitado su función, perjudicando nuestra imagen internacional y rebajándola hasta extremos inimaginables en el mundo democrático? Porque eso, aunque Sánchez no haya meditado el sentido profundo de sus palabras, es lo que ha hecho: criticar la legalidad y a los tribunales que la han aplicado conforme a lo establecido en el art. 117 de la Constitución.

Que está legitimado para gobernar si logra los apoyos necesarios no es discutible. Que puede desconocer sus promesas sin que esto suponga consecuencia legal alguna, también. Que los votantes del PSOE podían y debían conocer lo que sucedería si se daba una situación como la presente, es obvio. Pero, la legitimidad democrática no alcanza a debilitar la división de poderes, ni autoriza a desconocer la ley, ni a conceder impunidad a personas determinadas en razón de su profesión o ideología.

Democracia es cumplimiento de la ley como garantía de todos frente al Estado. Estado de derecho se llama.

Que habrá amnistía es algo evidente; que el secesionismo logrará imponer algunos o muchos de sus objetivos más conservadores, desigualitarios e insolidarios, también; que el gobierno resultante no será progresista en manos de partidos que no lo son, como no lo es el nacionalismo, poco discutible. Y seamos sinceros. La razón que subyace a estas acciones no es la de ofrecer soluciones al complejo problema de la idea de España, sino la más inmediata de conseguir unos votos cuyo precio es excesivo. Si no hicieran falta, no estaríamos ahora ante un futuro cuyas consecuencias en la vida de la mayoría, especialmente de quienes viven en zonas menos favorecidas económicamente, van a evidenciarse de manera muy sensible.

Dar solución a un problema favoreciendo un secesionismo que ni siquiera es mayoritario en sus territorios, como se ha visto en el descenso de apoyos, es promover proyectos que han perdido buena parte de su legitimidad para ser considerados como representativos de aquellas sociedades. Es dar alas a quienes las han perdido. Y de esta manera, indirectamente, reproducir un problema que no puede ser la solución, abrir de nuevo lo que la ciudadanía ha rechazado. La idea de España, si se quiere pensar en ella, ha de surgir de un juego en el que sean las mayorías, con respeto a las minorías, las que establezcan los principios fundamentales.

La amnistía carece de sentido sin derecho a la autodeterminación, pues solo cabe amnistiar lo que era ilegal y pasa a ser legal. Y lo que se quiere desde el nacionalismo catalán no puede ser legal sin una reforma constitucional. Amnistiar lo ilícito exige dar apariencia de legalidad a lo amnistiado. Lo otro es simple demagogia de intereses, no amnistía en sentido estricto y político. Es privilegio a quienes, con escasa representatividad, van a ser absueltos de delitos por los que otros deberán responder.

Dar este paso es un error de tamaño considerable que llevará a lo que se entiende como judicialización, pues la ley que se apruebe, en los términos en que se demanda, abrirá espacios de conflictividad que los legisladores no han calculado. Un gobierno que nazca en estas condiciones estará abocado a una crisis permanente, aquí y en Europa que no puede abrir la puerta a fenómenos que la acechan desde distintos lugares.

Tal vez Sánchez esté pensando en otras elecciones una vez comprobado que no puede pagar un precio tan elevado. Desairar a sus presuntos socios y aparecer como el adalid de la democracia podría ser una estrategia que, vistas las cosas, no cabe obviar. Solo así se podría entender su táctica de concesiones a la derecha nacionalista e insolidaria desde un partido, el PSOE, que no puede dejar de ser lo que es, aunque muchos de sus militantes tengan la capacidad de transmutarse día a día a golpe de consigna.

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