La plaga de las estafas informáticas

Las estafas o los intentos de estafa cometidos con cierto uso de la tecnología forman parte ya de la conversación cotidiana. Correos que parecen proceder de nuestras entidades bancarias o de administraciones públicas, mensajes de whatsapp que parecen de nuestros hijos, llamadas telefónicas para grabarnos la voz: la inventiva de los delincuentes va por delante de nuestra propia capacidad de prevención y de las campañas para advertir a la población y a las empresas del último truco para robarnos.

Los datos oficiales corroboran esta preocupación. En septiembre se presentó la Memoria 2022 de la Fiscalía General del Estado. Un capítulo está dedicado a la criminalidad informática, en ascenso imparable. Las investigaciones policiales por cibercrimen han aumentado, en 2022, un 23% respecto a 2021, y un tremendo 72% en comparación con 2019. Si nos vamos al total de diligencias abiertas en 2022, de un total de 24.622 correspondientes a delitos de carácter informático, 20.111 corresponden a las estafas cometidas a través de las TICs, recogidas en los artículos 248 y 249 del código penal. Un 82% del total. Así están las cosas.

En octubre se acaba de presentar la Memoria de Reclamaciones del Banco de España. Entre las temáticas destacadas por volumen de actividad, aparecen en primer lugar las reclamaciones por operaciones presuntamente fraudulentas, es decir, «operaciones de pago efectuadas con tarjeta o por transferencia vía Internet con las que el usuario no está conforme, por lo que se solicita su retrocesión. Se trata de casos en los que los ciudadanos no reconocen haber dado su autorización a determinadas operaciones o afirman haberlas realizado siendo víctimas de engaño (fraude, estafa, etc.)». En 2022 ya son 10.361 las reclamaciones interpuestas por este tema, el 30% del total de reclamaciones, con un aumento del 109% respecto a 2021. Es decir, que se han más que duplicado en sólo un año.

De las reclamaciones admitidas, es bueno saberlo, 2.805 se han resuelto a favor del reclamante, y 1.617 a favor de la entidad. Veremos las cifras de 2023 cuando llegue el momento.

Lo que está claro es que se necesita una acción más decidida y contundente contra los estafadores, que vaya más allá de la prevención y las acciones divulgativas del INCIBE. Los estafadores informáticos no sólo roban dinero: también destruyen la confianza, que es imprescindible para la actividad mercantil y la convivencia social. La reacción no puede esperar más.