Querellas políticas que auguran el porvenir

Judicialización de la política y lawfare vienen a ser términos similares que expresan el uso del proceso, especialmente el penal, para conseguir efectos que incidan directamente en la política. Ambos se traducen en un descrédito del Poder Judicial que, cuando lo que se persigue es perjudicar al adversario, es mera consecuencia del fraude que supone un proceso buscado de propósito únicamente para atacar al opositor. Mucho más grave es, sin embargo, la ofensa a un Poder del Estado cuando no se somete a los dictados de la clase política, carente de convicciones democráticas, cuando sus decisiones son valoradas en clave ajena a la aplicación de la ley, es decir, cuando toda resolución que no se someta a los intereses inmediatos de la clase política, es devaluada y tachada de prevaricadora por el simple hecho de no asumir disciplinadamente las instrucciones de quienes entienden que su impunidad les es debida por el hecho de ser lo que son.

La judicialización de la política ha sido una costumbre en tantos y tantos casos, que enumerarlos sería imposible. Querellas contra políticos de otro signo que han dado paso a procesos interminables, peticiones de dimisión basadas en imputaciones genéricas, medios de comunicación siempre prestos a coadyuvar a la “justicia inmediata” frente a los de la otra ideología y, normalmente, procesos que terminan en un archivo o absolución, pero con el afectado hundido en su honor y carrera. El proceso como arma y el abuso de la institución convertido en una más de las estrategias del derribo del adversario, el cual ha venido a sustituir a la más compleja e inalcanzable, parece ya hoy, propuesta de actuaciones positivas.

Nunca, sin embargo, hasta la llegada del anterior gobierno y ahora con este, tras el pacto antidemocrático signado entre PSOE y JUNTS, se había extendido la judicialización de la política hasta la deslegitimación del Poder Judicial y la petición de impunidad para la clase política toda. Lo que siempre se combatió desde la izquierda democrática y que antes caracterizaba a la izquierda del PSOE, pero que hoy es la esencia de un “nuevo” PSOE, que se ha adscrito a una tendencia que le sitúa fuera del marco del Estado de derecho.

En los últimos años, políticos cuyos méritos se desconocían pero que han sido plenamente constatados en su irrelevancia, han puesto al Poder Judicial en la diana de sus objetivos, pues son conscientes de que la ley y quien la aplica son un obstáculo para sus proyectos, poco meditados, poco estudiados y siempre fruto de anteponer la simpleza a la realidad. Dañar al Poder Judicial, última barrera frente al “muro” que pretende Sánchez frente a media España, es fin no disimulado, a cuyo afán no dudan en incurrir en conductas que, sabidamente fracasadas, siembran en algunos la semilla de la desconfianza en los tribunales a los que se quiere someter a sus designios.

SUMAR, en una aparente querella, que saben sin recorrido, un exabrupto impropio de un partido que está en el gobierno, al que compromete, intenta menoscabar el comunicado que el CGPJ emitió, junto a cientos de organizaciones de todo tipo, frente al acuerdo signado entre PSOE y JUNTS y en el que se pactaba la creación por el Poder Legislativo de comisiones de investigación para demostrar un inexistente lawfare, esto es, la conducta de jueces y fiscales díscolos con el Poder y en el colmo de la desvergüenza, lo digo con ironía y lástima, sometidos a la ley. Intolerable para quienes nos gobiernan cada vez más crecidos y sin límite, aquí y afuera.

Acusan al CGPJ de prevaricar, cuando lo emitido ha sido un comunicado, no una resolución, desconociendo el Código Penal en su elementalidad y creando derecho en la luminosidad de sus conocimientos, ignotos, que creen superiores a la norma y a la jurisprudencia. Acusan de prevaricar al CGPJ, que no es un tribunal, sino un órgano político, de gobierno del Poder Judicial y de garantía de respeto a la independencia judicial. Lo quieren callado y sumiso y para ello no dudan en sembrar la prensa de un bodrio jurídico, apariencia de acto procesal, pero mero panfleto. Una querella sin futuro judicial, pero con mucho recorrido ante una Europa que, tarde o temprano, tendrá que reaccionar ante desviaciones constitucionales y de los Tratados que nos vinculan que no permiten este tipo de comportamientos contrarios a las bases democráticas de la Unión.

No hay futuro de consenso entre los dos grandes partidos, única solución a la crisis de valores en la que nos movemos. Y ha sido el PSOE el que ha roto los consensos en palabras de quienes fueron lo mejor de su historia, aquellos que gobernaron este país en los años ochenta y noventa y a los que los actuales deberían escuchar e imitar. Las comparaciones son odiosas y aquellos eran y son PSOE, aunque los adalides de la nueva fe llamen fascistas a lo mejor que nunca fueron.

El Poder Judicial no puede ser sometido, ni lo van a conseguir, sin cambiar el sistema más allá de estos golpes de efecto. Y lo saben. Las comisiones de investigación que han pactado serán irrelevantes fuera, eso sí, de la propaganda injuriosa contra los señalados. No podrán alterarlo. No podrán doblarle el pulso, porque significa el imperio de la ley a la que se someterán quieran o no. La amnistía es una solución única, irrepetible. No podrá decretarse cada cuatro años, ni ignorar la ley sin responsabilidad alguna. No puede haber impunidad, ni derogar delitos de forma selectiva y como conducta normalizada en una democracia como modo de garantizarse el poder siempre.

El Poder Judicial es garantía frente a quienes están de paso. Los jueces son inamovibles. Los políticos recambiables. Hoy, como UP, arriba; mañana, olvidados. Esa es la grandeza del sistema y la garantía del imperio de la ley aplicada por jueces y magistrados independientes e imparciales, solo sometidos al ordenamiento jurídico. Ellos se van y los tribunales permanecen.

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