Los exconsejeros que representaban al Cabildo Catedral de Córdoba en los órganos de gobierno de la extinta caja cordobesa CajaSur y que fueron sancionados por el Banco de España por rechazar la fusión con Unicaja recurrirán ahora en los tribunales, por la vía contencioso-administrativa, la confirmación de dicha sanción por parte del Ministerio de Economía.
Según han dicho a Europa Press fuentes del Cabildo, "esta decisión, en realidad, está tomada hace tiempo", si bien, el pasado noviembre, los exconsejeros del Cabildo quisieron apurar la vía puramente administrativa y decidieron interponer primero un recurso de reposición contra la resolución sancionadora que adoptó la anterior ministra de Economía, Elena Salgado, en la confianza de que el Ministerio, ahora con Luis de Guindos como titular, hiciese una nueva lectura del expediente del Banco de España, aunque, finalmente, no ha sido así.
Por eso, los exconsejeros del Cabildo esperan que a partir de ahora, en el marco del proceso contencioso-administrativo, que según adelanta 'Diario Córdoba' podría iniciarse en las próximas semanas con la presentación del referido recurso, puedan contar, según han insistido a Europa Press las mismas fuentes, "con la paridad de armas jurídicas frente a quienes han instruido y resuelto este expediente sancionador".
De hecho, a juicio del Cabildo, las motivaciones del Banco de España en su día "para proceder no pueden hoy explicarse desde la aparente asepsia de una aislada operación de disciplina bancaria y de intervención en la que se hizo público escarnio de CajaSur, tachando a dicha entidad de mala gestión financiera y de asumir riesgos excesivos".
"Máxime en un contexto en el que, como los hechos más recientes han puesto de manifiesto, las circunstancias que en su día impulsaron al Banco de España a adoptar aquellas decisiones que han llevado a la desaparición de CajaSur y a la imputación de muchos de sus directivos en el procedimiento sancionador que ahora se resuelve, lejos de ser endémicas o exclusivas de esa caja, eran generalizadas a todo el sector y en algunos casos mucho más graves, como hoy es a todas luces evidente", según defienden desde el Cabildo.
Junto a ello, en dicha institución de la Iglesia Católica se entiende, igualmente, que "el Banco de España no puede dar órdenes en lo referido a operaciones societarias", como la que habría implicado la fusión con Unicaja.
Las sanciones. El Ministerio de Economía y Hacienda ha ratificado las sanciones que el Banco de España incluyó en el expediente que abrió a CajaSur y a 40 exmiembros de su consejo de administración y exdirectores de la entidad, tras intervenirla en mayo de 2010, con sanciones para 38 de ellos que suman 2,5 millones de euros, siendo los expresidentes de la caja Santiago Gómez Sierra (obispo auxiliar de Sevilla) y Juan Moreno, los únicos a los que inhabilita.
Solo dos de los cinco exdirectores generales, José Arcenegui y Carlos Senent, han visto sobreseídos todas las causas que se les abrió con el expediente y no han sido sancionados. En el otro extremo están los citados expresidentes de CajaSur, siendo a Gómez Sierra al que se impone la mayor sanción de todas, 180.000 euros, además de inhabilitarlo por dos años para ejercer cualquier cargo directivo en una entidad financiera, mientras que a Juan Moreno se le sanciona con 50.000 euros y se le impone un año de inhabilitación.
De hecho, el resto de 'patronos' de CajaSur, es decir, otros miembros del Cabildo Catedral de Córdoba presentes en los dos últimos consejos de administración de la desaparecida caja, que son a los que afecta el expediente, también han sido sancionados con dureza, en comparación con el resto. De este modo, el que fuera vicepresidente segundo de la entidad, Fernando Cruz Conde, ha sido sancionado con 142.000 euros, mientras que otro canónigo, Alfredo Montes, debe hacer frente a una multa de 137.000 euros. En ambos casos, el Banco de España, y ahora el Ministerio, no archiva ninguna de las causas abiertas contra ellos.
Así, mientras que para la entidad en sí, que desde el pasado 1 de enero está en manos del Grupo BBK y se ha constituido en un banco (BBK Bank CajaSur), solo ha previsto su amonestación pública, vía Boletín Oficial del Estado (BOE), para la mayoría de los citados 'patronos' de la entidad, el órgano supervisor y luego el Ministerio han decidido no archivar ninguna de las causas que se les abrió, siendo este el caso de Joaquín Alberto Nieva (92.000 euros de sanción), Francisco Jesús Orozco (98.000 euros) y del presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya (107.000 euros). Solo Juan Arias y el actual obispo de Bilbao, Mario Iceta, tienen sanciones menores, de 48.000 y 30.000 euros, respectivamente, y se benefician del archivo de tres de las cuatro causas que se les abrieron a cada uno.
También se enfrentan a las sanciones de mayor cuantía y sin que se haya archivado ninguna de las causas que se les abrieron, una parte los representantes de los impositores: Carmen Domínguez (107.000 euros), Amalia Fernández (131.000 euros) y Julio Tomás Diaz (135.000 euros), mientras que, de entre los representantes de los trabajadores, del sindicato Aspromonte, José Leiva no logra el archivo de ninguna de las causas que le afectan y afronta una sanción de 136.000 euros.
Los casos en los que no se ha archivado ninguna causa afectan a miembros del último consejo de administración de CajaSur que se opusieron a la fusión con Unicaja, lo que supuso la intervención de la caja, aunque otros miembros del consejo de administración de CajaSur, en minoría, sí expresaron su deseo de que se cerrase un acuerdo de fusión con la caja malagueña, como había instado el Banco de España.
Sanciones a políticos. Esta postura ya se tuvo en cuenta parcialmente por el Banco de España, que redujo los cargos y, por ende, rebajó las sanciones, que impuso a los que fueran vicepresidente primero y tercero de CajaSur, Salvador Blanco (PSOE) y Juan Ojeda (PP), a los que sanciona con 78.000 y 74.000 euros, respectivamente, siendo sancionados también Andrés Hens (IU) y el secretario general del PSOE en Córdoba y ahora portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Pablo Durán, con 56.000 y 64.000 euros, respectivamente. En todos estos casos el Banco de España archivó dos causas a cada uno.
Finalmente, de entre los 14 políticos que han representado en el consejo de CajaSur a los ayuntamientos, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía en los dos últimos consejos de CajaSur, también han sido sancionados el presidente provincial del PP en Córdoba y ahora alcalde de la capital cordobesa, José Antonio Nieto (18.000 euros) y el que fuera alcalde de Córdoba por IU, Andrés Ocaña (41.000 euros), habiendo archivado el Banco de España tres causas de las que afectan a cada uno.
El listado de políticos sancionados se completa con el actual presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, el popular Luis Martín (20.000 euros y tres causas archivadas), el exconcejal de IU en el Consistorio cordobés Francisco Cárdenas (20.000 euros y tres causas archivadas), la socialista María José Lara (26.000 euros y tres causas archivadas), el exalcalde socialista de Lucena, José Luis Bergillos (33.000 euros y dos causas archivadas), la exalcaldesa socialista de Priego de Córdoba, Encarnación Ortiz (23.000 euros y dos causas archivadas) y el exalcalde La Carlota, el socialista Francisco Pulido Aguilar (51.000 euros y tres causas archivadas).
