Se puede decir más alto, pero no más claro: «Antonio Fernández no debería estar en prisión preventiva». Con estas palabras, el presidente de la Junta en funciones, José Antonio Griñán, salió ayer en defensa del exconsejero de Empleo, que permanece en la cárcel sin fianza desde el martes pasado por su implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Fueron las primeras declaraciones del presidente andaluz sobre este asunto desde que la jueza Mercedes Alaya enviara a la cárcel al exconsejero, una medida que Griñán consideró «desproporcionada». Aseguró que el socialista, acusado de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos continuada, de negociación y actividad prohibida a funcionario público, cohecho, falsedad en documento mercantil y de obtención indebida de ayudas públicas, «tiene intacta su presunción de inocencia».

Griñán rompió su silencio sobre este asunto en el comité director del PSOE-A. El encarcelamiento de Fernández, el tercero en la trama, tras la entrada en prisión del exdirector de Trabajo y de su exchófer, ha supuesto un duro golpe para el Gobierno andaluz. Fernández fue consejero de Empleo durante seis años, desde 2004 a 2010. Griñán le relevó antes de destaparse el escándalo de las ayudas sociolaborales fraudulentas. Ayer quiso cerrar filas con uno de los políticos que ha tenido más poder en la Junta.

El presidente andaluz reivindicó que tanto el PSOE como el Gobierno autonómico tienen una trayectoria «honrada e irreprochable». Defendió el papel de la Junta desde que se conoció el escándalo. «La Junta ha sido ágil y activa en la denuncia e investigación. En su día tomó la decisión de perseguir este fraude, somos parte acusadora», recordó.

Ahora que las elecciones andaluzas han pasado, el PSOE, empujado por su socio de Gobierno, IU, ha aceptado crear una comisión de investigación en el Parlamento –se negó hasta en diez ocasiones en el anterior mandato– para esclarecer las irregularidades.

Griñán aprovechó su discurso para dejar claro que su Ejecutivo seguirá defendiendo las ayudas sociolaborales, unas subvenciones que el PP ha puesto en entredicho. «Nunca vamos a aceptar que se dé por hecho que la finalidad de esas ayudas sea delictiva, ya que su finalidad era y es apoyar a empresas y a trabajadores», señaló. Admitió, no obstante, que «una parte haya podido desviarse» e insistió en que serán «inflexibles» con las ilegalidades públicas «hasta las últimas consecuencias».

El líder de los socialistas andaluces arremetió duramente contra la actitud de los populares en el caso de los ERE y denunció las «trampas procesales» del PP y «su corte mediática». El presidente confió en que todos tengan la madurez suficiente para saber que la Junta tomó la decisión en su día de perseguir este fraude.