Política sanitaria

Andalucía recurrirá ante el TC el decreto del Gobierno para ahorrar en sanidad

Griñán pide que no se entienda como elemento de confrontación, pues solo quieren defender el modelo universal

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El presidente Griñán asegura sentirse orgulloso del sistema sanitario.
El presidente Griñán asegura sentirse orgulloso del sistema sanitario.  EFE

EFE / EP El Gobierno andaluz vuelve a recurrir a la que parece que será una postura habitual en esta legislatura: interponer un recurso a una norma aprobada por el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy. En esta ocasión se trata de la que pretende ahorrar 7.000 millones de euros en sanidad, norma que también quiere atajar el Gobierno vasco. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunció ayer que el Consejo de Gobierno aprobará hoy la interposición de dicho recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de medidas urgentes del ahorro sanitario.
En declaraciones a los medios de comunicación durante la inauguración de un centro de atención primaria en Almería, Griñán advirtió de que, con este decreto, «el Gobierno central va a conseguir desmontar el sistema nacional de salud».

El presidente andaluz indicó que el recurso se basa en que «la norma vulnera la Constitución, que garantiza el derecho de todos los españoles al acceso a la protección de la salud», ya que «dificulta el acceso efectivo de la ciudadanía a los servicios sanitarios».

Además, advirtió, el Real Decreto «invade competencias autonómicas» en alguno de sus artículos, «sobre todo cuando hurta a los inmigrantes y a la población más desfavorecida el derecho directo a la atención sanitaria, que está recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía», recordó.

Griñán aseguró que el recurso no debe entenderse como un «elemento de confrontación con el Gobierno central», sino que «se trata de seguir defendiendo un modelo y, en la medida de nuestras posibilidades, de mantener un sistema sanitario universal y eficiente». «En Andalucía apostamos por una sanidad pública, universal y gratuita, y rechazamos la sanidad entendida como un bien mercantil que convierte al ciudadano en asegurado, tal y como hacen las últimas medidas aprobadas por el Gobierno de España», insistió.

«Los andaluces nos sentimos enormemente orgullosos del sistema sanitario de la comunidad y vamos a defenderlo siempre a través de las medidas a nuestro alcance», dijo, el tiempo que aseguró que en Andalucía no se van a privatizar servicios públicos fundamentales.
Para Griñán, «una política indiscriminada de control del gasto público es una política que no da resultados», y por ello reivindicó una conferencia de presidentes autonómicos que sea «capaz de priorizar el gasto, de saber dónde hemos de invertir, dónde hemos de gastar y dónde podemos ahorrar».

El andaluz defendió que la comunidad es «ejemplo de cómo ahorrar en gasto sin deteriorar ni perjudicar la protección de la salud». Así, apuntó que, según el Consejo Económico y Social, Andalucía es la comunidad que más invierte en atención primaria, cuya inversión es «hacer también una política de ahorro de gasto y de mejora de la eficiencia», ya que representa una «apuesta por la protección de la salud» que además reduce los ingresos hospitalarios.

Una tasa similar a la de Canadá. Andalucía dedica el 18% de la inversión sanitaria a la atención primaria, frente a menos del 13% de otras autonomías, como Madrid o Valencia, indicó Griñán, quien también añadió que la comunidad andaluza es la que menos ingresos hospitalarios tiene, el 18% menos que el promedio nacional y una «tasa similar a la de Canadá».

Preguntado sobre la posible revisión del catálogo de medicamentos con receta, Griñán apuntó que el Gobierno andaluz dará su opinión en el Consejo interterritorial.

El portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, aplaudió ayer la decisión del Gobierno andaluz porque cree que la norma es «chapucera» por cuanto invade «muchas leyes estatales aún vigentes». Sánchez Bayle, que valoró que Andalucía siga los pasos del Gobierno vasco, sostuvo que existen muchos motivos para recurrir este decreto sanitario, porque invade competencias autonómicas.

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