El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, acusó ayer al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de ser «el cajero de los ERE» fraudulentos. Zoido también pidió que comparezca Griñán ante el Congreso para aclarar por qué no modificó el procedimiento de los ERE, lo que provocó las críticas de dirigentes socialistas andaluces, que lo consideraron un «desprecio». De esta forma los partidos continuaron con las acusaciones que se han lanzado esta semana después de que la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso, reactivara la investigación con una nueva rama de los ERE, por la que hasta el momento han sido encarceladas siete personas de las 22 imputadas.
Zoido, en una rueda de prensa en Sevilla, dijo que los andaluces y los españoles han sabido «que durante mucho tiempo parece ser que el señor Griñán ha sido el cajero de los ERE» y le exigió que explique ante el Congreso cómo se nutría la partida 31L, que presuntamente eludía los controles de fiscalización.
De esta manera precisó que «el dinero no lo tenía el consejero de Empleo, sino el de Hacienda, y éste es, según el interventor general de la Junta, quien cebó sin límites dicha partida», en referencia a cuando Griñán fue consejero de Economía y Hacienda. Así, anunció que hoy planteará al grupo parlamentario popular la solicitud de comparecencia en el Congreso de los Diputados del actual presidente de la Junta de Andalucía y de su predecesor en el cargo, Manuel Chaves.
En este sentido, relató que Griñán, siendo ministro de Trabajo, dictó una orden ministerial el 19 de abril 1995 para evitar que se concedieran «sin ningún tipo de procedimiento y control» ayudas sociales vinculadas a ERE, como según aseguró ocurría con su antecesor, Chaves, pero sin embargo no lo hizo a su llegada a la Junta de Andalucía. Este anuncio se granjeó las críticas de los dirigentes socialistas, como la presidenta del PSOE ndaluz, Amparo Rubiales, quien opinó que se trataba de un «disparate jurídico» y una «burla» al Parlamento de Andalucía. Por su parte el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, sseñaló que Zoido, «hace el ridículo».
Por otra parte, la juez que investiga los ERE fraudulentos toma declaración hoy a dos últimos imputados en la nueva rama sobre el cobro de sobrecomisiones: el dueño de la aseguradora Uniter y el abogado Carlos Leal, acusado de hacer llegar las «dádivas» al entorno del exdirector general de Trabajo de la Junta , Francisco Javier Guerrero.
El dueño de Uniter, José González Mata, comparecerá ante la juez Mercedes Alaya después de que entre el viernes y el sábado ingresaran en prisión tres altos cargos de la firma Vitalia, acusada de cobrar comisiones de hasta el 16,9 % frente a la media del mercado del 3,18 %.
