El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) se ha mostrado "cauteloso" ante el anuncio de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre la restitución de las pagas extra a los funcionarios en 2015, tras lo que ha pedido que también se recupere la parte de las pagas extra suprimida desde 2013.
Fuentes del SAF han indicado a Europa Press que precisamente el pasado miércoles, los representantes del sindicato asistieron al pleno parlamentario donde la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, "afirmó que no podía asegurar que aplicaría la medida anunciada este jueves por la presidenta".
El SAF ha indicado que "si finalmente esta afirmación se cumple", esta medida supone "adquirir un derecho perdido" y ha pedido a la presidenta que "no sea el único, ya que los funcionarios han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de un 30 por ciento y un aumento en su jornada laboral". Ha recordado que el colectivo funcionarial de la Administración andaluza "es uno de los que posee las retribuciones más bajas".
El sindicato ha pedido "recuperar la parte de la paga extra suprimida desde 2013 que supone entre 500 y 2.000 euros a los funcionarios andaluces, dependiendo del complemento de destino que reciban --hay más de 600 tipos--". En ese punto, el sindicato ha recordado que "muchos funcionarios cobran menos de 1.000 euros al mes".
Además, el sindicato exige que se recuperen las ayudas de acción social, suprimidas en 2012 pero no pagadas desde 2010.
El SAF ha reivindicado la "dignificación del funcionario, culpados de una crisis que también les afecta directamente como a cualquier ciudadano".
SAF considera "imprudente" que las medidas de contención "siempre recaigan sobre los ciudadanos, sobre los servicios públicos y sobre el personal que accede a la Administración por los procedimientos legales, mientras se permite una costosa externalización o privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otros despilfarros".
El sindicato ha recordado que "los acuciantes recortes en materia económica y social que arrasan al sector público, no tienen precedentes y han provocado efectos colaterales, como el deterioro de la eficacia de los servicios públicos, la generalización de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal o el aumento de las cargas de trabajo, que repercuten directamente en los ciudadanos".
