Los interventores provinciales de la Junta de Andalucía en Córdoba, Granada, Huelva y Jaén coincidieron este lunes en el cúmulo de irregularidades que se daba en los expedientes de las subvenciones de los cursos de formación, que en algunos casos alcanzaba al «cien por cien» de las ayudas.
Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria sobre el presunto fraude, el interventor en Huelva, Miguel Ángel Bermúdez, citó entre las irregularidades -que motivaron informes especiales de la Intervención en las ocho provincias- «mucha negligencia a la hora de exigir reintegros, no actuar con la debida contundencia y dar lugar a pagos indebidos al liquidar subvenciones». «Prácticamente el cien por cien de los expedientes de formación presentan irregularidades», dijo García Bermúdez, quien habló también del incumplimiento sistemático de las líneas de contratación.
También el interventor de Granada, Miguel Gutiérrez, señaló que de los 82 expedientes revisados «todos tenían alguna irregularidad», si bien matizó que en algunos casos se trataba de «formalidades», como la falta de documentación o la existencia de fotocopias sin compulsar. «De los 82 expedientes que vimos no se libra ninguno», dijo Gutiérrez.
El interventor abundó en la falta de medios puesto que contaba con 14 personas que «no eran suficientes para este trabajo».
El interventor provincial de Córdoba, Antonio Escudero, también sostuvo que «en absoluto» cuenta con recursos para llevar a cabo el trabajo que requiere este tipo de informes.
Preguntado por si esto supondría menoscabo de fondos públicos, el interventor no lo descartó, de igual modo que el representante de Granada, quien dijo que es «de los que piensa que puede haberlo» pero que no lo puede decir «rotundamente», mientras el interventor de Huelva se ratificó en que sí se produjo.
Por su parte, el interventor de Jaén, Pedro González Gámez, afirmó que no se ha cumplido la legalidad aunque esto es «muy difícil de medir», y consideró que no ha habido menoscabo de los fondos públicos.
