El pleno del Parlamento andaluz, el primero del nuevo periodo de sesiones, acogerá los próximos miércoles y jueves un debate general con propuestas de resolución sobre la situación de crisis económica y de empleo.

La sesión plenaria comenzará con la lectura del informe de la Diputación Permanente, el órgano que vela por los intereses de la Cámara en periodo vacacional, y seguirá con la ratificación del acuerdo para tramitar como ley un decreto ley de transposición de una directiva europea relativa a los servicios en el mercado interior.

A continuación, se celebrará el debate general sobre la situación económica, una iniciativa que fue planteada por el grupo socialista y que secundaron posteriormente los grupos de la oposición -PP e IU-, que inicialmente habían registrado la celebración de un pleno extraordinario sobre este mismo asunto.

Además del debate general, la jornada del miércoles del pleno del Parlamento acogerá la comparecencia del Consejo de Gobierno -la hará el consejero de Gobernación, Luis Pizarro-, para informar de las actuaciones realizadas por el Ejecutivo autonómico ante los daños sufridos por el temporal de lluvia y viento del mes pasado.

En la jornada del jueves, la Cámara acogerá el debate de una moción del PP relativa a política general en materia presupuestaria y una interpelación -también del PP- sobre financiación autonómica, además de las preguntas orales al Consejo de Gobierno, entre las que destacan las dos dirigidas por la oposición al presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

Concretamente, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, formulará una pregunta relativa a medidas extraordinarias contra el paro a raíz de los datos de la EPA del cuarto trimestre; mientras que el líder de IU, Diego Valderas, preguntará sobre la economía andaluza y el desempleo en la comunidad.

En la tarde del jueves, se aprobará el proyecto de ley que regula el derecho a la Vivienda en Andalucía, y se debatirán tres proposiciones no de ley; una del PSOE sobre atención a dependientes; una del PP sobre la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas; y una de IU sobre los derechos de los autónomos.