02 de abril de 2012
02.04.2012
Juicio de los ERE

El exchófer de Guerrero pide salir de prisión al haber prescrito los delitos

El conductor del principal imputado del caso ERE explica a la jueza que no hay riesgo de fuga

02.04.2012 | 03:24

Juan Francisco Trujillo, el exchófer del que fuera director general de Trabajo y principal imputado en el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo, Francisco Javier Guerrero, ha solicitado su puesta en libertad a la jueza que instruye el caso ERE, Mercedes Alaya. Trujillo se encuentra en prisión desde el pasado 21 de marzo, imputado por 22 delitos en el caso de las irregularidades en los fondos públicos de ayuda a los parados. El exchófer ha pedido que le dejen libre al entender que no existe riesgo de fuga y que los delitos que se le imputan han prescrito.

El abogado de Trujillo, Antonio Aguilar, elevó a finales de la semana pasada un recurso de apelación ante la jueza Alaya, en el que recurre el auto de prisión al entender que supone «un grave perjuicio» para el encartado y es «contrario a Derecho», añadiendo que la jueza le ha imputado una serie de delitos, hasta un total de 22, «en base a una calificación jurídica grosera».

En el recurso de apelación, al que tuvo acceso Europa Press, el letrado de Trujillo dice que la justificación de riesgo de fuga «queda vacía de contenido», ya que carece de ingresos económicos, «lo que impide que pueda lograrse la supuesta huida», además tiene arraigo social, ya que su mujer trabaja en el Ayuntamiento de Andújar (Jaén) y es él quien se ocupa de cuidar a sus dos hijos menores mientras su pareja desarrolla su jornada laboral. Por último, argumenta que su cliente «ha mantenido una colaboración activa con la Justicia».

El letrado recuerda también que, en el presente caso, «no puede ignorarse la prescripción de la mayoría» de los delitos imputados, «si no todos», punto en el que alude además a que la pena que podría corresponderle a su patrocinado por alguno de estos delitos, como el cohecho, el tráfico de influencias o la prevaricación, «no excede de dos años». Aguilar observa que el delito de obtención de subvenciones «falseando las condiciones requeridas para ello» que le imputa Alaya «notoriamente ha prescrito», mientras que su cliente, en su declaración judicial, «contestó todo lo que se le preguntó, a excepción de las acusaciones particulares, que solo pretendían un proceso eminentemente político».

El abogado también niega que el exchófer de Guerrero pueda influir en la destrucción de facturas supuestamente falsas «a fin de ocultar nuevas pruebas que incrementen su larga actividad delictiva", señalando que su cliente «ha dado respuesta sobre la elaboración» de las mismas.

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