La Junta de Andalucía no tiene intención de recurrir el auto de la juez Mercedes Alaya en el que se abre la vía para imputar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a cinco exconsejeros del Gobierno regional por el caso de los ERE fraudulentos.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, dijo ayer que no recurrirán y, si bien subrayó que es un asunto que no corresponde decidir al Ejecutivo, adelantó que la intención del gabinete jurídico de la Junta es no hacerlo. «Es una cuestión que decide el gabinete jurídico desde su autonomía de funcionamiento», señaló al ser preguntado sobre la decisión de no recurrirlo pese a que sí se hizo con el auto dictado el pasado julio que imputaba a veinte altos y ex altos cargos de la Junta.

En la misma conferencia de prensa, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas (IU), al ser inquirido sobre si su formación había influido en la decisión de no recurrir el auto, indicó que desconoce si en las relaciones autónomas que tienen los socios del gobierno de coalición PSOE-IU se había tratado este asunto. «El Gobierno a gobernar, a tomar la iniciativa política, y a situar en el debate social las iniciativas en favor de los ciudadanos más débiles», zanjó Valderas.

El portavoz del Gobierno andaluz, ante la insistencia de los periodistas, rechazó que se haya producido un cambio de estrategia e indicó que el gabinete jurídico decidió que había motivos para presentar recurso contra el auto anterior, mientras que en éste ha entendido que no.

Preguntado, por otra parte, sobre qué le parece que UGT-A cargara una comida a cuenta de una subvención de la Junta destinada a formación, Vázquez precisó que se ha abierto un procedimiento de información y que los expedientes de dichas ayudas están «en fase de revisión». «Si se demuestra que el dinero de esas subvenciones no ha sido destinado para los fines previstos, se pedirá el reintegro de esas cantidades», dijo.

Volviendo al auto de Alaya, ayer volvió a hablar uno de los señalados en el mismo, el expresidente Manuel Chaves. A su juicio, se trata de un documento innecesario en el que no se imputa a nadie. Elevando sus críticas de la semana pasada, Chaves consideró que el auto «roza la prevaricación», y recordó los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que la semana pasada decidió recurrirlo.

«Digan lo que digan, lo que no es de recibo, es de alucine, es que puedan pensar que alguien se metió -desde el presidente hasta el último consejero- en un cuarto oscuro para inventarse una trama para delinquir» y que se implique al Parlamento y a la Junta de Andalucía, subrayó. Insistió en que el fondo se gestionaba en la dirección general y fueron ellos los que «abusaron», por lo que pidió que la justicia recaiga sobre ellos.

El portavoz de PP en el Congreso, Alfonso Alonso, pidió prudencia a Chaves porque, en su opinión, «está en una situación judicial complicada». En declaraciones en los pasillos del Congreso, Alonso criticó el «ataque constante» hacia la juez por parte del PSOE cada vez que adopta una decisión que afecta a algún responsable socialista. «Chaves, en su situación, no debería hablar de prevaricación. Debería como todos respetar las decisiones que adoptan los jueces y ser más prudente en sus afirmaciones públicas», proclamó.

También se pronunció sobre el caso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien consideró que Alaya es consciente de que «en un tiempo cercano» debe ir delimitando la instrucción y cerrándola para trasladarla cuanto antes a los tribunales correspondientes.