La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció el domingo en Twitter que en la comunidad autónoma ningún andaluz se quedará sin medicación para la hepatitis C «por motivos económicos». La líder del Gobierno andaluz decidió explicar en la red social que los enfermos que padecen esta patología accederán a los tratamientos, aunque no mencionó la palabra Sovaldi, el medicamento que todos los pacientes españoles esperan que llegue y sea de libre acceso a todos ellos.
Los afectados se han reunido en plataformas que han hecho encierros en hospitales y previsto una cadena humana para el día 10 en Madrid y una concentración ante Carlos Haya en Málaga para que nadie se quede sin la posibilidad de ser tratado con este fármaco, cuya tasa de curación alcanza el 98%.
El Gobierno central ha decidido que un total de 7.000 pacientes de un total de 800.000 accederán al tratamiento, de unos tres meses de duración. Pero las plataformas no están satisfechas con el anuncio del Gobierno, el cual han tildado de insuficiente, pues solo llegará a los pacientes más graves pero que no son más que la punta del iceberg.
Tal y como publicó ayer La Opinión, en la provincia de Málaga hay alrededor de 25.000 pacientes con hepatitis C que tienen todas sus esperanzas depositadas, al igual que el resto de españoles, en el medicamento. Mientras fuerzan al Gobierno a que pacte un buen precio con el laboratorio para que sea accesible a todos y no lo deniegue por motivos económicos -cada tratamiento supone alrededor de 60.000 euros-, la presidenta andaluza decidió hacer el anuncio tras ser cuestionada por diversas plataformas sobre qué ocurrirá en Andalucía, donde la sanidad es gestionada por la propia Junta.
En un segundo tuit la presidenta apuntó: «Andalucía prescribirá electrónicamente en los hospitales los medicamentos contra la hepatitis C para agilizar los tratamientos», dijo en un comentario cuyos retuits se multiplicaron en las horas siguientes.
Días atrás también se pronunció en este sentido la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales andaluza, María José Sánchez Rubio, quien abogó por que la Unión Europea elabore una estrategia común para que los pacientes con hepatitis C de todos los países y todos los territorios tengan un «acceso homogéneo a los tratamientos».
Entonces Sánchez Rubio indicó que desde la sanidad pública no se van a escatimar esfuerzos para atender a los pacientes con esta patología y reiteró su compromiso de que ninguno de los afectados se quedará sin tratamiento en Andalucía. «Vamos a seguir trabajando para evitar un sometimiento de la industria farmacéutica ya que somos conscientes de que en los tratamientos para hepatitis está en juego la vida de las personas, y es necesario que todos nos sensibilicemos con esto», dijo entonces.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad informó hace unos días de que entre 5.000 y 6.000 pacientes con hepatitis C serán tratados con los nuevos fármacos aprobados para combatir esta enfermedad, y avanzó que la cifra podría llegar incluso a los 7.000 ya que tienen previsto incorporar dos nuevos medicamentos a lo largo del primer trimestre del año.
En este sentido, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, que cumple dieciocho días de encierro en el madrileño Hospital Doce de Octubre, reclamó ayer una partida extraordinaria de 800 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 para tratar a los enfermos más graves de hepatitis C en España.
En declaraciones a Efe, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Mario Cortés, indicó que los 800 millones de euros permitirían tratar con los fármacos de última generación a entre 45.000 y 50.000 pacientes graves de esta enfermedad. «No se puede dejar que los afectados lleguen a estar cirróticos o moribundos para darles la medicación, como está haciendo el Gobierno», apuntó.
